El traspaso de AySA a manos privadas revela el rostro más crudo del ajuste: una Argentina donde el acceso a lo esencial deja de ser un derecho

El 9 de julio de 2025, mientras el país celebraba un nuevo aniversario de su independencia formal, el Gobierno nacional selló uno de los acuerdos más controversiales de la historia reciente: la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Con la firma del decreto 437/25, publicado en el Boletín Oficial ese mismo día, el Estado se retiró completamente del control del agua potable y las redes cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En los despachos oficiales se festejó como una victoria de la «libertad económica». En la calle, se encendieron las alarmas. Para millones de familias, la medida representa la pérdida de uno de los pilares básicos del bienestar: el acceso seguro, equitativo y asequible al agua. No se trata solo de una transacción financiera; es una redefinición profunda del contrato social.
Esta nota recorre el impacto político, económico, social y simbólico de la privatización de AySA. Lo hace desde las voces que no aparecen en los documentos oficiales, desde los barrios donde el agua llega con dificultad y desde las memorias colectivas que recuerdan lo que significó, en los años noventa, entregar el agua al mercado.
EL ANUNCIO, LOS INTERESES, LA ENTREGA
El anuncio fue formulado por el presidente Javier Milei en cadena nacional. Rodeado de funcionarios, con tono solemne, afirmó: “Hoy damos un paso histórico en la reconstrucción del país. El agua no debe ser administrada por burócratas sino por emprendedores. Basta de ineficiencia. Basta de subsidios. Argentina necesita crecer”.
La operación se concretó en tiempo récord. La empresa fue vendida por 430 millones de dólares al consorcio GlobalWaters Corp, una firma con sede en Miami que agrupa a fondos de inversión y empresas de ingeniería. A cambio, el consorcio obtiene control pleno de las plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo, redes de distribución y sistemas cloacales de 26 municipios del AMBA, incluyendo la Capital Federal.
Aunque el Gobierno asegura que el servicio estará garantizado, la letra chica del contrato despierta preocupaciones. No se exige al nuevo operador metas de expansión ni tarifas reguladas por ley. Las inversiones comprometidas son mínimas en relación con el tamaño de la red. Tampoco se contemplan cláusulas de rescisión ante incumplimientos.
LA EXPERIENCIA QUE NADIE QUIERE RECORDAR
No es la primera vez que el agua cambia de manos en Argentina. Entre 1993 y 2006, el grupo francés Suez explotó el servicio con resultados nefastos. Las tarifas aumentaron un 88%, se paralizaron las obras en barrios populares y la calidad del agua descendió notoriamente, provocando brotes de enfermedades gastrointestinales.
Aquel ciclo terminó con una rescisión por incumplimiento y un juicio millonario en el CIADI. El Estado argentino tuvo que pagar más de 400 millones de dólares en compensaciones. La reestatización posterior permitió recuperar el control y avanzar en políticas de inclusión sanitaria.
“Lo que vivimos en los noventa fue un abandono total. En mi barrio no había agua corriente, nos abastecíamos con mangueras que pasaban por casas vecinas. Nadie vino a invertir. Ahora que logramos tener el servicio, nos lo quieren sacar de nuevo”, relata Alicia, vecina de José C. Paz.
EL AGUA COMO DERECHO: ¿QUÉ SE PIERDE?
La privatización desmantela uno de los avances más significativos de los últimos años: la noción del agua como derecho humano. AySA, como empresa estatal, no solo brindaba el servicio; también ejecutaba obras de integración urbana, promovía educación ambiental y sostenía tarifas diferenciales para hogares vulnerables.
Todo eso desaparece con la lógica de mercado. La tarifa social, que beneficiaba a más de 800.000 hogares, fue eliminada. Las obras en villas y asentamientos, paralizadas. La extensión de redes hacia la periferia, pospuesta por “falta de rentabilidad”.
El nuevo operador introdujo en su sitio web un sistema de tarifas escalonadas por consumo, que penaliza a quienes no tienen medidores instalados. En muchos barrios del conurbano, los medidores no existen o no funcionan. Resultado: aumentos del 300 al 500% en las facturas en apenas dos meses.
TRABAJADORES EN PIE DE LUCHA
AySA empleaba directamente a más de 7.800 trabajadores y trabajadoras, además de cientos de contratistas. Tras el anuncio, comenzaron los despidos masivos. A fines de junio, ya se habían rescindido más de 1.200 contratos. El nuevo operador propuso “recontratar” al personal bajo convenios flexibilizados, con reducción de antigüedad y eliminación de bonificaciones.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) declaró el estado de emergencia. Hugo Roitman, delegado de planta, señala: “Están vaciando la empresa. Quieren que nos vayamos solos. Pero nosotros no abandonamos el agua. La defendemos porque sabemos lo que significa para la gente”.
La resistencia se organiza en las plantas, en las bases, en las calles. Marchas, paros rotativos, actos frente al Congreso. Una lucha que recuerda que el agua no puede ser mercancía. Que detrás de cada red, cada bomba, cada medidor, hay trabajadores que garantizan la salud pública.
VOZ DE LOS TERRITORIOS
En los barrios, la privatización ya se siente. En San Fernando, la cooperativa La Esperanza construyó una red de distribución que abastece a 60 familias. Hasta julio, AySA entregaba el agua en camiones cisterna. Desde la privatización, el servicio se interrumpió.
“Nos dicen que no hay recursos, que no somos clientes registrados. Pero nosotros existimos. No somos invisibles”, protesta Laura, integrante de la cooperativa.
En Lomas de Zamora, las obras para extender la red cloacal quedaron detenidas. “Iban a conectar 3.000 hogares, ya estaban los materiales. Pero ahora la empresa dice que no es rentable”, denuncia un referente vecinal.
Mientras tanto, los barrios cerrados multiplican las conexiones premium, con presión diferencial, atención personalizada y líneas directas al call center. El contraste duele. El agua, que debería unir, empieza a dividir aún más.
UN IMPACTO SANITARIO Y AMBIENTAL GRAVE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido clara: el acceso al agua potable y al saneamiento básico es esencial para prevenir enfermedades y garantizar calidad de vida. La privatización, al desincentivar las inversiones en zonas no rentables, pone en riesgo estos objetivos.
La falta de obras cloacales implica mayor contaminación de napas, proliferación de criaderos de mosquitos y exposición a agentes patógenos. La situación se agrava en contextos de alta temperatura y pobreza estructural.
Además, la ausencia de controles públicos debilita la vigilancia sobre la calidad del agua, los niveles de arsénico, la potabilización adecuada y el tratamiento de efluentes. No es solo un problema económico; es un problema de salud pública.
RESPUESTAS POLÍTICAS Y SOCIALES
La reacción social no se hizo esperar. Diversos sectores lanzaron la campaña “El agua no se vende”, que nuclea a sindicatos, organizaciones barriales, universidades y ambientalistas. En menos de un mes, juntaron 850.000 firmas para exigir un referéndum vinculante que frene la privatización.
En el Congreso, diputados opositores presentaron un proyecto para declarar al agua como patrimonio inalienable del Estado. La iniciativa, sin embargo, no prospera en una Cámara dominada por el oficialismo y sus aliados.
La Iglesia también alzó su voz. En un documento pastoral, los obispos afirmaron: “El agua es don de Dios, no objeto de especulación. Su acceso equitativo es signo de justicia”.

Incluso en sectores del oficialismo comienzan a surgir dudas. “Privatizar una empresa estratégica sin control ni garantías puede tener efectos irreversibles”, admitió un legislador de La Libertad Avanza que pidió mantener el anonimato.