El Ministro de Hidrocarburos advierte que el futuro del litio en Bolivia ya no depende del Ejecutivo, sino de una Asamblea dividida y presionada por intereses regionales y desinformación.

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, defendió con firmeza la legalidad y viabilidad de los contratos firmados para industrializar el litio boliviano, y aseguró que el gobierno ya cumplió su parte, dejando ahora la decisión final en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“El paso está dado, los contratos están listos, los proyectos de ley han sido presentados, y ahora la historia juzgará quién bloqueó la llegada de inversiones millonarias al país”, sostuvo Gallardo en una conferencia de prensa. Con un tono directo y sin rodeos, el ministro subrayó que la responsabilidad de permitir o frustrar el desarrollo del litio recae plenamente en el Legislativo.
Gallardo respondió así a la suspensión del debate en la Cámara de Diputados sobre los contratos firmados con empresas de China y Rusia, cuyo tratamiento fue abruptamente frenado tras una sesión caótica que duró hasta la madrugada. La resistencia de legisladores de Potosí y sectores cívicos ha generado una ola de incertidumbre en torno a uno de los proyectos estratégicos más importantes para el país.
“Yo ya hice mi parte”, sentenció el ministro, al señalar que su deber como autoridad ha sido cumplir con la presentación formal de los documentos y la negociación de los acuerdos bajo el marco constitucional. “No es una pérdida para mí como ministro. Es una pérdida para Bolivia”, recalcó.
Consultado sobre el apuro del Ejecutivo para que los contratos sean aprobados antes del cierre de la gestión legislativa, Gallardo explicó que el proceso no es nuevo: comenzó en 2021 y ha seguido un curso técnico y jurídico regular. Rechazó las acusaciones de presión al Legislativo, y sostuvo que el tema trasciende al gobierno: es una apuesta de país.
“Si Bolivia no brinda las condiciones necesarias, estas empresas simplemente invertirán en otros lugares. Eso no será culpa del Ejecutivo”, advirtió. En ese sentido, recordó que además de los dos contratos hoy en discusión, existen 14 acuerdos más con otras compañías extranjeras, que también están pendientes de ratificación legislativa.
El titular de Hidrocarburos lamentó la desinformación que —según él— ha contaminado el debate. Desmintió que el proyecto comprometa grandes extensiones del Salar de Uyuni, afirmando que solo afectará el 2% de su superficie. También refutó las cifras alarmantes que circulan sobre el uso de agua, tildándolas de exageradas y sin sustento técnico.
Gallardo reconoció que aún no se han hecho consultas previas con las comunidades, pero explicó que esto se debe a que la ubicación definitiva de las plantas dependerá de los estudios técnicos que recién se realizarán. “No hay nada oculto. Todo está dentro de la norma”, afirmó.