La condena al exvicepresidente evidencia el uso instrumental de los tribunales para consolidar el autoritarismo de Daniel Noboa.

El sistema judicial de Ecuador ha vuelto a ser utilizado como arma política, esta vez con la imposición de una nueva pena de 13 años de prisión al exvicepresidente Jorge Glas. La sentencia, también dictada contra Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, responde más a un cálculo de poder que a una evaluación imparcial de los hechos. Ambos fueron acusados de malversar recursos públicos tras el terremoto de 2016, pese a que no firmaron contrato alguno ni se beneficiaron directamente de las obras.
En una audiencia sin acceso público, la jueza Mercedes Caicedo aceptó la versión de la Fiscalía que afirma que se destinaron fondos a proyectos «no prioritarios», como parques, en lugar de infraestructura básica. La interpretación de que estas decisiones constituyen delito penal genera serias dudas, ya que lo que está en juego son criterios técnicos y no hechos dolosos probados.
La resolución, que incluye además una reparación económica de 250 millones de dólares y la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos, ha sido calificada como desproporcionada y carente de sustento jurídico por expertos internacionales. Según analistas, el fallo es parte de una ofensiva del régimen de Noboa para desarticular a los líderes de la Revolución Ciudadana, movimiento fundado por Rafael Correa.
La trayectoria de persecución contra Glas no es nueva. Condenado previamente en otros casos controversiales, su situación se agravó tras el violento asalto policial a la embajada de México en Quito, donde había solicitado asilo. El gobierno de México ya le había reconocido la condición de perseguido político, pero Noboa ignoró los principios internacionales y ordenó su captura.
Desde entonces, el exmandatario permanece en condiciones extremas en la cárcel La Roca, donde fue víctima de un atentado durante un amotinamiento. La continuidad de este tipo de acciones revela una estrategia sistemática para eliminar a la oposición con métodos alejados del debido proceso.

El caso Glas se ha convertido en un símbolo de cómo en Ecuador la justicia se manipula para consolidar proyectos de poder. Lejos de ser un ejemplo de combate a la corrupción, la sentencia representa la degradación institucional del país bajo el mandato de Noboa.