El conflicto se agrava: tres policías y un comunario pierden la vida en medio de enfrentamientos, emboscadas y operativos de desbloqueo en Llallagua y Cochabamba

Bolivia vivió este miércoles uno de los días más dramáticos de la última década, cuando la confrontación entre sectores movilizados y fuerzas del orden alcanzó niveles de violencia sin precedentes. El saldo fue trágico: cuatro personas fallecidas —tres policías y un comunario— y más de 60 heridos en distintas regiones del país.

La localidad de Llallagua, al norte del departamento de Potosí, fue escenario de un operativo policial que terminó en tragedia. Lo que se planificó como una acción para liberar vías y garantizar el abastecimiento en la región, derivó en un enfrentamiento con grupos radicalizados que emboscaron a los uniformados.

Tres policías perdieron la vida durante la jornada. Se trata del subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, quien cayó alcanzado por un disparo en el primer momento del enfrentamiento; el subteniente Carlos Enrique Apata Tola, brutalmente golpeado; y el sargento Jesús Alberto Mamani Morales, miembro de Bomberos, quien murió más tarde tras un segundo ataque.

Las autoridades calificaron lo sucedido como una “emboscada criminal”. Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, los agresores utilizaron armas de guerra, explosivos caseros y aprovecharon la geografía montañosa para atacar desde posiciones elevadas. “Estamos ante hechos planificados con intencionalidad letal. Estos no son actos de protesta, son ataques deliberados contra el Estado”, declaró.

La conmoción se apoderó del país cuando comenzaron a circular imágenes de los choques: un bus calcinado, uniformados ensangrentados, humo cubriendo las calles del centro urbano de Llallagua.

Mientras tanto, en el altiplano cochabambino, otro episodio de violencia cobraba la vida de un civil. En Tacopaya, un comunario identificado como Cornelio Franco murió al recibir el impacto de un proyectil durante otro operativo de desbloqueo ejecutado por la Policía. El hecho generó una reacción inmediata de los pobladores, quienes denunciaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron justicia por la víctima.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reconoció que hay tensión en varias regiones, pero defendió los operativos: “Actuamos bajo el marco de la ley. Lo que no podemos permitir es que grupos armados controlen carreteras y tomen como rehenes a comunidades enteras”.

A la par, nuevos enfrentamientos se reportaban en la zona de Pirque, en la carretera entre Cochabamba y Oruro, donde dos policías resultaron gravemente heridos por explosivos caseros lanzados desde colinas aledañas.

En Vinto, en el valle bajo, vecinos que intentaban colaborar con las tareas de desbloqueo se enfrentaron con grupos afines al evismo, generando más heridos y tensión.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ofreció una evaluación preliminar: más de 60 personas heridas, entre civiles y efectivos del orden, varios con quemaduras, traumatismos severos y heridas de bala. “El país está siendo rehén de una escalada de violencia alentada por intereses políticos y estrategias radicales”, sostuvo.

Desde el Ejecutivo, el presidente Luis Arce lamentó las muertes y ordenó una investigación exhaustiva para identificar a los responsables materiales e intelectuales. “No habrá impunidad para quienes siembran terror en nombre de la protesta”, dijo en un mensaje emitido en cadena nacional.

En tanto, el expresidente Evo Morales, desde su reducto en el Trópico de Cochabamba, afirmó que “el pueblo está en pie de lucha de manera autónoma”, y volvió a acusar al Gobierno de “criminalizar la protesta social”.