Organizaciones leales a Evo Morales desafían al Gobierno con cortes indefinidos y enfrentamientos, mientras crece la presión para retomar el control del país
Las carreteras troncales del país continúan bloqueadas por grupos movilizados afines al expresidente Evo Morales, quienes desde el pasado 2 de junio han instaurado un cerco indefinido en diversos puntos estratégicos.
Exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce, las protestas han evolucionado en una espiral de violencia que ya ha dejado heridos entre las fuerzas del orden y millonarias pérdidas económicas.
El epicentro del conflicto se sitúa en el eje central, donde el bloqueo de la ruta entre Cochabamba y el occidente del país —en particular en zonas como Parotani y Sayari— ha provocado un colapso en el transporte de mercancías, alimentos y pasajeros. Pese a los operativos de desbloqueo impulsados por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, los grupos movilizados han respondido con agresiones cada vez más organizadas y peligrosas.
Exigencias políticas radicales
La narrativa oficial de los movilizados gira en torno a una supuesta “crisis económica insostenible” y a la necesidad de que el presidente Arce dimita para dar paso a un “gobierno de salvación nacional”. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que estas acciones son parte de una estrategia impulsada por Evo Morales para recuperar protagonismo político y presionar su habilitación como candidato presidencial para 2025.
“Esto no es una protesta espontánea. Es una operación calculada con fines políticos, que pone en riesgo la estabilidad democrática”, declaró un vocero del Ministerio de la Presidencia.
Luis Arce ha acusado públicamente a Morales de intentar desestabilizar al país a través del uso de sus bases sindicales y campesinas, a quienes el exmandatario aún mantiene bajo influencia en algunas regiones del trópico cochabambino y los valles.
Parotani, el nuevo foco de tensión
El operativo de desbloqueo desplegado en Parotani puso en evidencia la magnitud del conflicto. La Policía, reforzada por efectivos militares, intentó retomar el control de la carretera, pero fue recibida con una fuerte resistencia desde los cerros. Los manifestantes utilizaron explosivos artesanales, presumiblemente dinamita, y arrojaron piedras desde posiciones elevadas.
Los enfrentamientos dejaron como saldo dos policías heridos de gravedad, uno de ellos con fractura de base de cráneo, confirmando la peligrosidad de los artefactos utilizados. Autoridades del área de salud calificaron las lesiones como “producto de un atentado”.
“Lo que están usando son explosivos dirigidos a causar daño. No se trata de una medida pacífica. Aquí hay una intención clara de provocar violencia”, expresó la ministra de Salud, María Renée Castro, tras visitar a los heridos en el Hospital Obrero N°2 de la CNS en Cochabamba.
Gobierno insiste en recuperar las rutas
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, aseguró que el Gobierno no permitirá la paralización indefinida de rutas estratégicas. “Tenemos identificados al menos seis puntos de bloqueo que se mantienen con diferentes niveles de violencia. Estamos actuando con firmeza, pero también con responsabilidad. No vamos a permitir que se vulneren los derechos del resto de la población”, declaró desde el lugar de los operativos.
La autoridad explicó que los desbloqueos están siendo conducidos exclusivamente por fuerzas del orden y no por civiles, en un intento de evitar provocaciones o enfrentamientos innecesarios. “No hay civiles colaborando con los desbloqueos. Es una acción institucional”, enfatizó.
Exigiendo la renuncia del presidente Luis Arce, las protestas han evolucionado en una espiral de violencia que ya ha dejado heridos entre las fuerzas del orden y millonarias pérdidas económicas.
El epicentro del conflicto se sitúa en el eje central, donde el bloqueo de la ruta entre Cochabamba y el occidente del país —en particular en zonas como Parotani y Sayari— ha provocado un colapso en el transporte de mercancías, alimentos y pasajeros. Pese a los operativos de desbloqueo impulsados por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, los grupos movilizados han respondido con agresiones cada vez más organizadas y peligrosas.
Exigencias políticas radicales
La narrativa oficial de los movilizados gira en torno a una supuesta “crisis económica insostenible” y a la necesidad de que el presidente Arce dimita para dar paso a un “gobierno de salvación nacional”. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que estas acciones son parte de una estrategia impulsada por Evo Morales para recuperar protagonismo político y presionar su habilitación como candidato presidencial para 2025.
“Esto no es una protesta espontánea. Es una operación calculada con fines políticos, que pone en riesgo la estabilidad democrática”, declaró un vocero del Ministerio de la Presidencia.
Luis Arce ha acusado públicamente a Morales de intentar desestabilizar al país a través del uso de sus bases sindicales y campesinas, a quienes el exmandatario aún mantiene bajo influencia en algunas regiones del trópico cochabambino y los valles.
Parotani, el nuevo foco de tensión
El operativo de desbloqueo desplegado en Parotani puso en evidencia la magnitud del conflicto. La Policía, reforzada por efectivos militares, intentó retomar el control de la carretera, pero fue recibida con una fuerte resistencia desde los cerros. Los manifestantes utilizaron explosivos artesanales, presumiblemente dinamita, y arrojaron piedras desde posiciones elevadas.
Los enfrentamientos dejaron como saldo dos policías heridos de gravedad, uno de ellos con fractura de base de cráneo, confirmando la peligrosidad de los artefactos utilizados. Autoridades del área de salud calificaron las lesiones como “producto de un atentado”.
“Lo que están usando son explosivos dirigidos a causar daño. No se trata de una medida pacífica. Aquí hay una intención clara de provocar violencia”, expresó la ministra de Salud, María Renée Castro, tras visitar a los heridos en el Hospital Obrero N°2 de la CNS en Cochabamba.
Gobierno insiste en recuperar las rutas
La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, aseguró que el Gobierno no permitirá la paralización indefinida de rutas estratégicas. “Tenemos identificados al menos seis puntos de bloqueo que se mantienen con diferentes niveles de violencia. Estamos actuando con firmeza, pero también con responsabilidad. No vamos a permitir que se vulneren los derechos del resto de la población”, declaró desde el lugar de los operativos.
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