El Ministerio Público abre un caso contra el exmandatario y Suset Rodríguez tras una denuncia del Ministerio de Justicia

La Fiscalía Departamental de La Paz dio curso este lunes a una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y la dirigente Suset Rodríguez, a quienes el Gobierno acusa de promover bloqueos y cercos en diferentes puntos del país para presionar por la habilitación del líder cocalero como candidato presidencial.
El caso fue activado tras la presentación formal de una denuncia por parte del Ministerio de Justicia, que atribuye a Morales y Rodríguez la comisión de al menos cuatro delitos: atentado contra la seguridad de los medios de transporte, atentado contra los servicios públicos, instigación pública a delinquir y delitos electorales. Así consta en un documento oficial emitido por el Ministerio Público, en el que se ordena el inicio de la investigación preliminar.
El oficio fiscal, fechado el mismo lunes, señala que la denuncia se enmarca dentro de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal y que, conforme a sentencias constitucionales anteriores, la autoridad jurisdiccional correspondiente deberá ejercer control sobre esta etapa inicial del proceso.
Según el Ministerio de Justicia, Morales y Rodríguez fueron los principales impulsores de los bloqueos registrados en las últimas semanas, organizados por simpatizantes del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), que exigían la inclusión del exmandatario en la papeleta electoral. Esta presión se produjo a pesar de que el plazo de inscripción de candidatos venció el pasado 19 de mayo y que Morales no contaba con una sigla habilitada.
Una denuncia con ocho tipos penales
El ministro de Justicia, César Siles, fue el encargado de confirmar la acción judicial en una conferencia de prensa. “Presentamos una denuncia por ocho delitos de acción pública, que inicialmente se atribuyen al señor Evo Morales, a la señora Suset Rodríguez y a otros posibles responsables”, declaró. La denuncia también alcanza a quienes resulten cómplices, coautores o encubridores de los hechos denunciados.
Siles aseguró que los bloqueos promovidos por sectores afines a Morales causaron afectaciones al transporte público, obstaculizaron servicios esenciales y buscaron alterar el curso natural del proceso electoral en marcha. “Se trató de un intento de forzar la participación de un candidato por fuera de los plazos legales”, añadió.
Aunque todavía no se conocen las medidas cautelares que podrían solicitarse en el marco de esta investigación, el caso adquiere relevancia política en un contexto de fuerte disputa interna dentro del MAS y de creciente tensión entre el evismo y el Gobierno de Luis Arce.

Por el momento, ni Evo Morales ni Suset Rodríguez se han pronunciado públicamente sobre esta acción legal. Sin embargo, allegados al líder cocalero han rechazado las acusaciones y advierten que se trata de un intento de proscripción política bajo el disfraz de legalidad.