Contrario a algunas interpretaciones difundidas en las últimas semanas, el TCP no ha suspendido ninguna acción constitucional ni ha habilitado mecanismos para eliminar procesos judiciales que afecten la elección general.

En medio de un clima de creciente tensión política y judicialización del proceso electoral rumbo a los comicios generales de 2025, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunció públicamente para aclarar su rol y deslindar responsabilidades frente a la incertidumbre generada en torno al calendario electoral.
En una sesión de Sala Plena, desarrollada de forma mixta —con la presencia física de algunos magistrados y la participación virtual de otros—, la máxima instancia constitucional del país emitió un comunicado en el que reiteró su compromiso con la democracia y con la realización de elecciones transparentes y dentro de los plazos establecidos por la Constitución Política del Estado.
Contrario a algunas interpretaciones difundidas en las últimas semanas, el TCP no ha suspendido ninguna acción constitucional ni ha habilitado mecanismos para eliminar procesos judiciales que afecten la elección general.
En lugar de ello, la institución ha instruido a las salas constitucionales y a los jueces de garantías del país a resolver con celeridad todas las acciones y recursos relacionados con el proceso electoral, en estricto apego a la Constitución y a los principios que rigen la materia electoral.
“El país necesita certezas”, señaló el comunicado leído en Sala Plena. “La democracia es uno de los principios centrales que todos debemos respetar y al cual debemos contribuir para garantizar, en el marco constitucional, el derecho a elegir y ser elegido”.
Bajo ese principio, el Tribunal subrayó que ningún recurso judicial podrá alterar el calendario electoral ni retrotraer acciones que ya han sido superadas en el mismo.
En respuesta a las constantes amenazas al proceso democrático por parte de diversos actores políticos —que, según el TCP, buscan generar incertidumbre mediante acciones jurídicas y movilizaciones sociales—, el Tribunal reafirmó su decisión de proteger el curso regular de las elecciones del 17 de agosto de 2025.
“No permitiremos que se altere lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en la materia”, subrayaron los magistrados, dejando en claro que no admitirán interferencias que comprometan la estabilidad del calendario ni el derecho de la ciudadanía a participar en los comicios.
El comunicado también hizo un llamado explícito a los actores políticos: el TCP instó a evitar la judicialización del proceso electoral y a concentrarse en la formulación de propuestas y soluciones para los problemas estructurales que aquejan al país.
“Instamos a que este periodo se dedique a proponer soluciones al pueblo boliviano. Preservar la democracia es responsabilidad de todas y todos”, remarcó la institución.
El Tribunal detalló que dará tratamiento prioritario a todos los procesos constitucionales vinculados a las elecciones, en el marco del acuerdo de priorización de causas suscrito por los miembros de Sala Plena.
Esta medida pretende evitar que se utilicen los recursos legales como herramientas de presión o dilación que perjudiquen el normal desarrollo del proceso electoral.
Asimismo, reafirmaron su compromiso de resguardar la vigencia del Estado Constitucional de Derecho, el cual consideran “una conquista histórica del pueblo boliviano”.
En este sentido, la institución dejó en claro que su papel no es interferir en los tiempos ni en las decisiones técnicas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino garantizar que el proceso se desarrolle conforme al marco legal y con total transparencia.
El pronunciamiento del TCP llega en un momento clave, cuando algunos sectores políticos han empezado a presentar recursos constitucionales que podrían incidir en la habilitación o inhabilitación de candidaturas, o bien poner en duda el mismo cronograma electoral.
Si bien los magistrados no se refirieron a casos específicos, dejaron claro que ninguna de estas acciones podrá suspender ni modificar lo ya definido por el TSE, y que la justicia constitucional no será utilizada como mecanismo de boicot político.
Con este mensaje, el Tribunal busca enviar una señal de estabilidad institucional y responsabilidad democrática a la ciudadanía, reafirmando que los derechos políticos de elegir y ser elegido no pueden estar sujetos a manipulaciones judiciales ni a intereses partidarios coyunturales.
En definitiva, la Sala Plena busca evitar que se siga utilizando al sistema judicial como un campo de batalla política, en desmedro del proceso electoral y de la voluntad popular.