El Ministerio Público formalizó imputación contra el hijo del expresidente Luis Arce, tras detectar un ascenso económico inusual y múltiples irregularidades en la compra del predio Adán y Eva.

La investigación penal que avanza en La Paz ya tiene un protagonista central: Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce Catacora. El Ministerio Público afirma que no se trata de sospechas aisladas, sino de un caso construido sobre 133 elementos de convicción que ponen bajo la lupa una operación agraria multimillonaria que, según los fiscales, jamás pudo haber concretado con su propio perfil económico.

El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, reveló que desde el año 2016 se rastrearon los movimientos financieros del acusado. En ese periodo, se identificaron ingresos mínimos, que apenas llegaban a mil bolivianos considerados legalmente como precarios. De manera abrupta, esa realidad cambió: las cifras reportadas muestran un salto que alcanza los 30.000 bolivianos mensuales, y depósitos totales que habrían sumado entre 3 y 4 millones de bolivianos en sus cuentas personales.

Ese incremento, abrupto y sin explicación aparente, coincide con la adquisición del predio Adán y Eva. Se trata de una extensión de 2.807 hectáreas que estaba en manos de los ciudadanos Ricardo Moreno Velasco y Ana María Vanegas. La transferencia del 11 de noviembre de 2021 registra un pago de 3.055.485 dólares a favor de Arce Mosqueira, quien en aquel momento tenía menos de 25 años. El Ministerio Público sostiene que esa compra no solo desafía toda lógica patrimonial, sino que se concretó sin cumplir los requisitos exigidos por ley para operaciones de ese tamaño.

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) es señalada como una pieza clave en la operación. Torrez apuntó directamente contra el exdirector departamental de esa institución en Santa Cruz, Luis Roberto Flores Orellana, acusándolo de haber omitido deliberadamente trámites administrativos que en un principio bloquearon el proceso. Los fiscales aseguran que se trataba de requisitos indispensables vinculados a los planes de uso del suelo. No existía certificación sobre actividades agrícolas, desmontes ni aprovechamiento forestal, pero aun así la documentación terminó aprobada “en tiempo récord”, según la Fiscalía.

Ese apuro institucional despierta nuevas sospechas. Para el Ministerio Público, sería evidencia de un engranaje que permitió que un ciudadano sin capacidad económica visible accediera a tierras de alto valor, en una operación que podría haber afectado al Estado. No solo se investiga el origen de los fondos utilizados, sino la posible existencia de una red que habría facilitado el proceso.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la imputación formal fue emitida contra el joven Arce y otras personas involucradas en la trama. El delito atribuido es enriquecimiento de particulares con afectación al Estado, que conlleva graves consecuencias penales. La Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva mientras continúa el proceso investigativo y se establecen responsabilidades individuales.

Mariaca informó que la causa radica en La Paz y que el caso no está limitado a una sola operación inmobiliaria. Para la instancia acusatoria, los millones que circularon por las cuentas del imputado siguen sin mostrar un origen lícito y constituyen un indicio fuerte de un esquema que debe ser aclarado con urgencia.