Una denuncia televisiva cambia el eje del caso de las 32 maletas; el mandatario confirma que el Gobierno conocía antecedentes. Fiscalía, Aduana y justicia revisan controles omitidos, cadena de custodia y posibles delitos financieros.

La investigación sobre las 32 maletas que ingresaron por el aeropuerto internacional de Viru Viru sumó un elemento que reconfigura el análisis judicial y administrativo del caso. El programa Que No Me Pierda, de la red Red Uno, difundió una denuncia según la cual el contenido principal de ese equipaje habría sido 100 millones de dólares en efectivo y no sustancias controladas, como se sostuvo inicialmente tras un operativo posterior.
La información fue presentada como resultado de una fuente con acceso a datos de la investigación. No se exhibieron documentos oficiales ni peritajes en pantalla, pero el señalamiento tuvo repercusión inmediata porque introduce la posibilidad de un delito financiero de gran escala, distinto al eje original centrado en narcotráfico.
El proceso se originó tras confirmarse que el 29 de noviembre un vuelo privado procedente del exterior aterrizó en Santa Cruz con 32 maletas que no pasaron por los controles habituales de escáner ni inspección manual. Entre las pasajeras estaba la exdiputada Laura Rojas, quien utilizó un pasaporte diplomático que, según información oficial de Cancillería, había sido anulado días antes del viaje.
Semanas después, parte de ese equipaje fue ubicado en un galpón perteneciente a una empresa de seguridad privada. Durante un allanamiento, fuerzas antidrogas hallaron 79 kilos de marihuana en ese lugar. Ese hallazgo dio lugar a imputaciones formales por tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y otros delitos conexos. Hasta el momento, esa es la evidencia material incorporada al expediente judicial.
La denuncia difundida por Red Uno plantea que el peso de las maletas, descrito por testigos como inusual, estaría vinculado al transporte de grandes cantidades de dinero en efectivo. Esa versión no ha sido confirmada por el Ministerio Público, pero ya forma parte del debate público y de consultas que periodistas realizaron a autoridades judiciales y administrativas.
El presidente Rodrigo Paz reconoció en una entrevista con Radio Panamericana que el Ejecutivo tenía conocimiento previo de información relacionada con el denominado “caso Maletas”. Indicó que esos antecedentes fueron manejados de forma reservada para identificar una estructura mayor antes de que el tema se hiciera público. Señaló que la estrategia buscaba evitar filtraciones que permitieran a posibles implicados evadir la investigación.
La declaración presidencial generó cuestionamientos en distintos sectores. Organizaciones civiles y actores políticos pidieron explicaciones sobre por qué, si existía información anticipada, no se reforzaron de inmediato los controles aeroportuarios. Desde el Gobierno se respondió que una intervención temprana podía comprometer una investigación más amplia y que ahora corresponde al Ministerio Público establecer responsabilidades penales.
La Aduana Nacional abrió procesos internos para determinar por qué el equipaje no fue revisado conforme a norma. La institución recordó que los procedimientos obligan a inspeccionar maletas en vuelos privados y que la presentación de un pasaporte diplomático no exime automáticamente de control. También se solicitaron informes a Migración, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a operadores aeroportuarios para reconstruir lo ocurrido ese día.
Funcionarios de esas entidades ya prestaron declaración ante la Fiscalía. Se revisan listas de pasajeros, registros de cámaras de seguridad, bitácoras de vuelo y documentos internos para establecer responsabilidades administrativas y penales. Paralelamente, se analiza la cadena de custodia desde la llegada del vuelo hasta el traslado de las maletas a instalaciones privadas.
En el ámbito judicial, un juez y un guardia de seguridad vinculados al galpón donde se encontró la droga cumplen detención preventiva. La exdiputada Rojas fue aprehendida y luego derivada a una clínica por problemas de salud, según reportes médicos presentados ante la autoridad fiscal. Su defensa sostiene que no existen pruebas que la vinculen con organizaciones criminales y que el proceso debe respetar garantías legales.
La hipótesis de un ingreso de 100 millones de dólares implicaría un escenario distinto al planteado inicialmente. Investigadores financieros consultados por medios nacionales señalaron que montos de esa magnitud suelen dejar registros indirectos en vuelos chárter, seguros, empresas intermediarias y controles aduaneros en países de origen o tránsito. Hasta ahora, no se han difundido informes técnicos que respalden públicamente esa cifra.
El Ministerio Público informó que mantiene abiertas todas las líneas de investigación y que cualquier ampliación de delitos dependerá de evidencia verificable. La presión pública se centra en conocer con certeza qué contenían las maletas, quién autorizó su salida sin control y si existieron redes de protección dentro o fuera de las instituciones estatales.