Cuando era senador, Rodrigo Paz integró la bancada que bloqueó créditos externos durante el gobierno de Arce, entre ellos las gestiones de financiamiento que buscaban impulsar obras como el puente Mamoré. Ahora presenta su construcción como un logro de gestión, con un costo mayor y nuevos estudios pendientes.
El presidente Rodrigo Paz anunció que el financiamiento para construir el puente sobre el río Mamoré está cerrado y que la obra que conectará Trinidad con San Ignacio de Moxos será ejecutada.
La declaración recupera un antecedente del mandatario, en su etapa de senador por Tarija: formaba parte de Comunidad Ciudadana (CC), bancada que decidió rechazar los créditos del gobierno coreano lo que postergó el sueño de los benianos de tener un puente que una el departamento con La Paz.
Entre los proyectos que Bolivia tenía previsto impulsar mediante la cooperación financiera de Corea del Sur figuraba el puente Mamoré, cuya actualización técnica y posterior construcción habían sido incorporadas a las prioridades de inversión pública.
El proyecto, que arrastra estudios desde 2014, había encontrado en Eximbank Corea una posibilidad de financiamiento para pasar de los documentos técnicos a la ejecución.
El acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 abrió el acceso a recursos concesionales por hasta 1.000 millones de dólares, dentro de un paquete de inversiones que contemplaba infraestructura, salud, agua, saneamiento y energía. El puente beniano estaba entre las obras priorizadas para avanzar con el respaldo técnico y financiero surcoreano.
Ahora, desde la Presidencia, Paz asegura que consiguió cerrar el financiamiento, aunque todavía no identifica al organismo que aportará los recursos. La inversión, entretanto, aumentó desde los 145 millones de dólares que se manejaban en septiembre de 2025 hasta una cifra que supera los 236 millones y que actualmente se aproxima a los 240 millones.









PAZ FORMABA PARTE DE LA BANCADA QUE RECHAZABA LOS CRÉDITOS
La posición de Comunidad Ciudadana frente a los préstamos solicitados por el anterior gobierno quedó expresada públicamente durante 2024. La organización política había adoptado una determinación interna para no respaldar nuevos créditos al Ejecutivo mientras no se atendieran sus condiciones relacionadas con la administración de la justicia, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y el nombramiento de autoridades institucionales.
El entonces diputado de CC Miguel Roca explicó esa decisión durante una sesión parlamentaria de junio de ese año. Su intervención dejó constancia de que la determinación había sido discutida y sometida a votación dentro de la bancada, que resolvió mantener el rechazo a los financiamientos solicitados por el Gobierno.
«Habíamos quedado colegas de que no íbamos a aprobar ningún crédito mientras no se resolviera eso», manifestó Roca.
«Nuestra decisión de aprobar créditos o no, no tiene que ser pues mirando a mi región o a qué región es», sostuvo en ese momento el ex parlamentario.
Rodrigo Paz ocupaba entonces una senaduría por Tarija y pertenecía a Comunidad Ciudadana. Por tanto, formaba parte de la organización parlamentaria que había asumido esa determinación de rechazar los créditos solicitados por el gobierno al Corea del Sur y otros entes de financiamiento.
EL PUENTE MAMORÉ ESTABA ENTRE LAS PRIORIDADES DEL FINANCIAMIENTO COREANO

El 20 de diciembre de 2024, el entonces ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el embajador de Corea del Sur en Bolivia, Lee Jang, firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación Financiera que habilitaba al país a gestionar hasta 1.000 millones de dólares del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico (EDCF), mediante Eximbank Corea.
Dentro del paquete de proyectos de inversión que Bolivia buscaba impulsar con esos recursos estaba el puente sobre el río Mamoré, considerado una de las prioridades de infraestructura para mejorar la conexión entre Trinidad y San Ignacio de Moxos. La planificación contemplaba también otras iniciativas en infraestructura vial, salud, agua potable, saneamiento y energía.
El proyecto beniano ya tenía gestiones técnicas avanzadas. El 23 de diciembre, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se había coordinado con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo la actualización del diseño de la obra, cuyo trabajo comenzaría en enero de 2025.
Un día después, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó que Eximbank Corea había contratado a la empresa Kunhwa Engineering & Consulting para elaborar el estudio de diseño técnico de preinversión.
La consultora debía revisar los estudios elaborados en 2014, actualizar las características de las estructuras y determinar las condiciones técnicas y económicas para construir la infraestructura. Montaño informó que Bolivia había solicitado el financiamiento y que existía una respuesta favorable para cubrir el estudio de preinversión y avanzar posteriormente hacia la construcción.
La obra había sido incorporada como primera prioridad del plan de inversiones de la ABC para 2025, con respaldo técnico de Corea y dentro de las gestiones financieras abiertas por el acuerdo bilateral, que hoy muestran como una gran acción del actual gobierno.
DE 145 A 236 MILLONES DE DÓLARES SUBE EL COSTO DEL PUENTE
Durante septiembre de 2025, el Ministerio de Obras Públicas manejaba una inversión aproximada de 145 millones de dólares para el puente y sus obras complementarias. Sin embargo, ahora subieron llegando a 236 millones de dólares, es decir un 62,76% o 91 millones más.
En octubre de 2026, el presidente de la ABC, Ernesto Farfán, presentó un presupuesto superior a los 236 millones de dólares, mientras que otras declaraciones oficiales, como la del embajador de Corea del Sur, puso en 240 millones, en tanto que las autoridades regionales situaron la inversión alrededor de los 250 millones.
Tomando como referencia los 240 millones, el incremento respecto a la estimación de 2025 alcanza los 95 millones de dólares. Se trata de una diferencia que requiere una explicación técnica de la ABC, particularmente sobre las modificaciones introducidas en el diseño, las características de las estructuras y los costos de los accesos.
El proyecto contempla un puente principal de 1.185 metros sobre el río Mamoré, una segunda estructura de 540 metros en Puerto Varador y 13,52 kilómetros de accesos viales entre ese sector y San Ignacio de Moxos, sobre la ruta RVF-03.
La población beniana espera conocer si el presupuesto actualizado conserva las características del proyecto trabajado por la consultora Kunhwa o si incorpora modificaciones que explican el aumento de la inversión en poco tiempo.
PAZ ASEGURA QUE LOS RECURSOS ESTÁN CERRADOS
El miércoles 28 de octubre, durante una actividad en San Buenaventura, el presidente anunció que el financiamiento para el puente estaba cerrado, aunque evitó identificar al organismo que aportará el dinero.
«No puedo decir quién es el financiador, pero ya hemos cerrado y el puente sobre el río Mamoré se va a construir. Estamos cerrando el tema de los estudios, toma tiempo», declaró.
Paz también mencionó que existen tres o cuatro alternativas de diseño en evaluación, lo que podría postergar mucho más la construcción y dejar de lado el trabajo que realizó la consultora Kunhwa, por la que el Estado ya pagó.
En tanto embajador de Corea del Sur confirmó que el mandatario le había solicitado información sobre el proyecto y las posibilidades de financiarlo mediante el Fondo de Cooperación y Desarrollo Económico.
Según la información difundida, el diplomático señaló que la operación podría ser considerada por las instancias correspondientes de Eximbank Corea entre enero y febrero de 2027.
Esta información vuelve a colocar a Corea del Sur como una alternativa central para financiar la obra, aunque todavía falta conocer si el financiamiento que Paz asegura haber cerrado corresponde a esa operación o a otra fuente de recursos.
EL BENI EXIGE EL CONTRATO Y EL CRONOGRAMA
El proyecto tiene respaldo legal mediante la Ley 1726, promulgada el 7 de mayo de 2026 por el propio Rodrigo Paz, que declaró de interés público y prioridad nacional la gestión del financiamiento para construir el puente Mamoré y sus accesos.
En septiembre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución camaral que exige al Órgano Ejecutivo hacer efectiva la construcción de la infraestructura en la ruta San Ignacio de Moxos-Trinidad.
El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte Arias, valoró el anuncio presidencial, pero pidió que el Gobierno presente hasta el aniversario departamental del 18 de noviembre la fuente de financiamiento, la disponibilidad de los recursos, el diseño definitivo, el contrato y el cronograma de ejecución.
«Si bien ya se anunció los 250 millones de dólares para ejecutar esta obra, y se ratificó que el diseño del proyecto está en marcha mediante una empresa coreana, esta deberá contar con un plan estratégico departamental de consolidación del corredor bioceánico central y norte», manifestó.
Aponte explicó que la infraestructura no debe limitarse a conectar Trinidad con San Ignacio de Moxos, sino que debe formar parte de un proyecto de integración caminera que permita vincular al Beni con Santa Cruz, Pando, el norte de La Paz y los corredores comerciales hacia Brasil y Perú.
El dirigente también advirtió que la emergencia departamental continuará vigente mientras no se compruebe que existen recursos garantizados, proyecto a diseño final, contratos y un cronograma de ejecución.
Las instituciones benianas esperan que el Gobierno presente esos documentos durante los actos del aniversario departamental, después de años de estudios, gestiones y compromisos que todavía no se tradujeron en la construcción del puente.






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