Los recursos generados por la nacionalización han permitido financiar proyectos clave en gobernaciones, municipios y universidades públicas, además de fortalecer programas sociales en salud, educación, vivienda y empleo.

Entre 2006 y 2024, el Estado Plurinacional de Bolivia alcanzó un hito económico al acumular cerca de USD 50.000 millones en renta petrolera, marcando un contundente avance en la administración soberana de sus recursos naturales. Estos fondos, destinados al beneficio de la población, reflejan el impacto positivo de la política de nacionalización implementada hace casi dos décadas.
Danny Roca Jiménez, gerente de Planificación Corporativo de YPFB, explicó que dichos ingresos provienen de diversas fuentes, como el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías, participaciones al Tesoro General de la Nación (TGN), patentes hidrocarburíferas y otros mecanismos vinculados a la comercialización y actividades del sector.
Un modelo que multiplicó los beneficios
Bajo el actual Modelo Económico, el país logró un promedio anual de USD 2.500 millones en renta petrolera, cifra que contrasta drásticamente con los USD 300 millones anuales obtenidos entre 2000 y 2005, durante la vigencia de políticas neoliberales. En esa etapa, la antigua Ley de Hidrocarburos favoreció la privatización del sector, otorgando mayor control a empresas transnacionales en detrimento de los intereses nacionales.
Los recursos generados por la nacionalización han permitido financiar proyectos clave en gobernaciones, municipios y universidades públicas, además de fortalecer programas sociales en salud, educación, vivienda y empleo. Estos avances han contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de familias bolivianas.
YPFB: PILAR DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA
El 1° de mayo de 2006, mediante el Decreto Supremo 28701 «Héroes del Chaco», el Estado recuperó el control absoluto de sus recursos hidrocarburíferos y revitalizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como eje estratégico del desarrollo nacional. Hoy, la empresa opera en toda la cadena productiva, garantizando que la riqueza del subsuelo beneficie al país.
Roca Jiménez destacó que, pese al declive natural en la producción, se priorizan estrategias comerciales para sostener la renta petrolera, esencial para cumplir con las obligaciones estatales.
La nacionalización, impulsada por la demanda histórica de los movimientos sociales, se consolidó como una política de Estado respaldada por la Constitución, que confiere a YPFB la responsabilidad de administrar los hidrocarburos en nombre del pueblo boliviano. Este proceso no solo redefinió el panorama económico, sino que reafirmó la soberanía sobre los recursos naturales.