La modificación de la Ley 492 permite al Gobierno gestionar recursos externos y de otras instituciones para proyectos de la UPRE, aunque todavía no se conocen montos, créditos específicos ni las condiciones financieras de esas operaciones, que endeudará mucho más al Estado Boliviano

El presidente Rodrigo Paz promulgó el jueves 17 de septiembre la modificación de la Ley 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, una norma que amplía las alternativas para conseguir financiamiento destinado a proyectos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE).
Paz anunció que utilizará la nueva herramienta legal para buscar recursos fuera del país, endeudando más al Estado y dentro de otras instituciones públicas. “Ahora con esta ley ya puedo ir a buscar platita al exterior o puedo buscar platita en otras instituciones para cumplir con los proyectos UPRE”, afirmó.
RECURSOS PARA COLEGIOS, HOSPITALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS
De acuerdo con la explicación presidencial, el objetivo es atender obras registradas durante anteriores administraciones que quedaron sin presupuesto suficiente. Entre los proyectos mencionados están establecimientos educativos, hospitales y emprendimientos productivos solicitados por municipios y gobiernos departamentales.
La modificación también adecúa la Ley 492 a la actual estructura del Órgano Ejecutivo y precisa las responsabilidades relacionadas con financiamiento, ejecución y recepción de las obras. Además, permite una mayor participación de las entidades territoriales en tareas de supervisión, fiscalización y cofinanciamiento.
LA DEUDA TODAVÍA NO TIENE MONTO DEFINIDO
El anuncio presidencial abre la posibilidad de gestionar financiamiento externo, pero no establece por sí mismo cuánto dinero será contratado ni qué parte corresponderá a créditos que incrementen la deuda pública. Paz tampoco detalló qué organismos internacionales, entidades financieras o países podrían aportar los recursos.
La norma incorpora, además, un mecanismo de control: la UPRE, o la entidad que la sustituya, deberá informar cada seis meses a la Asamblea Legislativa sobre los recursos destinados a estos proyectos y presentar la documentación de respaldo.