La Asamblea de la Cruceñidad dio plazo al Gobierno hasta esa fecha para atender reclamos sobre combustibles, recursos, competencias regionales y denuncias de corrupción.

La dirigencia cívica de Santa Cruz fijó el 10 de octubre, Día de la Democracia, como fecha límite para que el Gobierno nacional responda a un paquete de demandas vinculadas con el abastecimiento de combustibles, la distribución de recursos y la recuperación de competencias regionales. Si no existen respuestas, anunció movilizaciones callejeras y dejó abierta la posibilidad de convocar a un cabildo.
EL CONFLICTO COMENZÓ CON EL RECLAMO POR EL DIÉSEL
La Asamblea de la Cruceñidad se reunió el miércoles, después de que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) solicitara una respuesta al Gobierno por el Decreto Supremo 5676 y los problemas de abastecimiento de diésel. El sector agropecuario había exigido previamente la abrogación de esa norma y amenazado con llevar su reclamo ante la dirigencia cívica.
Tras varias horas de intervenciones de representantes institucionales, autoridades y sectores sociales, el Comité pro Santa Cruz presentó las resoluciones adoptadas.
El presidente cívico, Stello Cochamanidis, sostuvo que la situación ya no se limita al combustible y cuestionó la administración nacional de la crisis económica, energética y social.
“Esta Asamblea de la Cruceñidad emplaza al nivel central, que hasta el momento no quiere solucionar la crisis económica, energética y social”, afirmó.
RECURSOS Y COMPETENCIAS REGIONALES
Entre las exigencias figura la restitución de competencias y recursos para gobernaciones, municipios y universidades públicas, principalmente en salud, educación e infraestructura.
La dirigencia también reclamó que el modelo 50/50 sea incorporado al Presupuesto General del Estado 2027. La propuesta plantea que la mitad de los recursos generados en cada departamento permanezca en las regiones para su administración directa.
El planteamiento supone una modificación en la distribución de recursos públicos y forma parte de una agenda regional que los cívicos pretenden llevar ante el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
LIBERAR EL MERCADO DE COMBUSTIBLES
El bloque más amplio de las demandas está relacionado con los carburantes. La Asamblea pidió permitir la importación, distribución y comercialización de combustibles por parte de privados, además de reducir los impuestos aplicados para abaratar el precio al consumidor.
También exigió terminar con la concentración de actividades de YPFB en la cadena de comercialización de hidrocarburos y planteó acelerar la producción de biocombustibles, etanol y crudo nacional.
A esto se suma el pedido de investigar las denuncias de corrupción relacionadas con YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), identificar a los responsables y aplicar sanciones.
La Asamblea incorporó además la exigencia de abrogar el Decreto Supremo 5676, reclamo que originó la convocatoria promovida por el sector agropecuario.
LA ADVERTENCIA PARA OCTUBRE
Cochamanidis fue autorizado por la Asamblea para coordinar con las instituciones y sectores cruceños un plan escalonado de medidas de presión si las demandas no son atendidas.
El dirigente advirtió que las acciones comenzarían el 10 de octubre.
“Si el Gobierno no atiende las demandas planteadas, el 10 de octubre los ciudadanos estaremos en las calles y, si es necesario, se hará un cabildo”, afirmó.
La dirigencia también incluyó en su resolución la posibilidad de activar una denominada “autonomía de facto” en caso de incumplimiento, una medida que aparece como parte del mecanismo de presión aprobado por la Asamblea.