Productores, transportistas, cívicos y sindicatos preparan protestas por el precio y abastecimiento de diésel, mientras el Gobierno analiza prolongar las restricciones que vencen en septiembre.

El conflicto por el Decreto Supremo 5676 incorporó un nuevo elemento de tensión: varias organizaciones anunciaron que mantendrán sus reclamos pese a las restricciones del estado de excepción y algunas incluso anticiparon que podrían desconocerlo. Las posiciones surgen mientras el Gobierno analiza ampliar la medida y los sectores productivos exigen que la norma sobre el diésel sea abrogada.
El decreto fijó en Bs 18 por litro el precio del diésel para grandes consumidores, disposición que provocó cuestionamientos de productores que sostienen que el nuevo costo afecta directamente sus actividades. A esto se suma la escasez del combustible, denunciada por transportistas que reportan largas esperas en los puntos de abastecimiento.
La situación ya derivó en anuncios concretos de movilización. En San Julián se prepara un bloqueo de carreteras de 24 horas, mientras dirigentes cívicos de Santa Cruz anticipan una posible Asamblea de la Cruceñidad si el Ejecutivo no responde a sus demandas.
SAN JULIÁN ANUNCIA BLOQUEO POR EL DIÉSEL
Organizaciones sociales y productivas de San Julián determinaron realizar este miércoles un bloqueo de carreteras durante 24 horas. La protesta cuenta con el respaldo del alcalde Carlos Vaca y está dirigida contra el DS 5676.
Los productores cuestionan especialmente las condiciones para acceder al combustible subvencionado. Uno de los puntos observados es el límite de 120 litros mensuales, cantidad que consideran insuficiente para cubrir las necesidades de la actividad agrícola.
“Con 120 litros no hacemos nada en el sector productivo”, señaló una representante durante el ampliado que definió la medida.
La preocupación está relacionada con la campaña de invierno de girasol y sorgo, que requiere combustible para las labores de campo y el traslado de la producción.
Además del pedido de abrogación del decreto, los dirigentes demandaron que funcionarios del Gobierno lleguen hasta la zona para explicar la aplicación de la norma y atender sus reclamos.
El alcalde Vaca respaldó la determinación de las organizaciones.
“Como autoridad también nos ponemos al lado del pueblo”, afirmó.
CÍVICOS CRUCEÑOS ESPERAN UNA RESPUESTA
En Santa Cruz, el Comité Cívico pro Santa Cruz mantiene el pedido de eliminación del DS 5676. El sector productivo otorgó al Gobierno plazo hasta este domingo para que abrogue la disposición.
El primer vicepresidente del Comité Cívico, Agustín Zambrana, sostuvo que la dirigencia ya no está dispuesta a ampliar el plazo.
“Se agotó el tiempo, ¡se acabó la paciencia!”, expresó.
El dirigente anunció que el directorio cívico podría reunirse durante esta semana para definir si corresponde convocar a una Asamblea de la Cruceñidad.
También mencionó la posibilidad de un cabildo, aunque aclaró que un paro todavía no constituye una determinación asumida por la organización.
Zambrana cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo y reclamó al presidente decisiones sobre el abastecimiento de combustible.
TRANSPORTE PESADO PERMANECE EN EMERGENCIA
Los problemas para conseguir diésel también mantienen movilizado al transporte pesado. Nelson Carrillo, primer secretario de la Federación del Transporte Pesado, informó que los conductores enfrentan esperas prolongadas en las estaciones de servicio.
“Llegamos a hacer fila hasta 72 horas para cargar diésel”, denunció.
Carrillo indicó que el sector podría sumarse a acciones convocadas por otras organizaciones y mencionó bloqueos y medidas en las fronteras como parte de las alternativas que podrían asumir.
“Si nos llaman para que apoyemos, lo vamos a hacer con bloqueos, fronteras, todo”, afirmó.
La dirigencia del transporte considera que la falta de combustible afecta directamente su actividad y reclama soluciones que permitan garantizar el suministro.
Por su parte, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció que realizará movilizaciones una vez concluido el estado de excepción. El dirigente Lucio Gómez explicó que sus demandas también incluyen el deterioro de las carreteras.
“Una vez concluido el Estado de excepción, lo decimos públicamente: nos verán en las calles, estaremos protestando”, manifestó.
Gómez aclaró que la protesta estará orientada a reclamar condiciones para trabajar.
TÚPAC KATARI EVALÚA MEDIDAS
La Federación Túpac Katari también analiza movilizaciones por la falta de diésel. Su ejecutivo, Rolando Choque, informó que todavía no existe una decisión definitiva sobre las acciones que asumirá la organización.
“Posiblemente vamos a movilizarnos, tal vez se va a romper el estado de excepción, pero estamos todavía en ese análisis”, declaró.
Choque advirtió que la situación podría derivar en nuevas protestas y pidió evitar que el problema del combustible aumente la conflictividad.
GOBIERNO PLANTEA AMPLIAR LAS RESTRICCIONES
Los anuncios de movilización coinciden con la posición expresada por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien abrió la posibilidad de ampliar el estado de excepción si continúan las amenazas de protestas.
“El estado de excepción tiene una vigencia plena en este momento y, si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra de la vigencia del Estado de derecho y el respeto a lo que es el estado de excepción, claro que tiene que ampliarse”, afirmó.
La medida fue establecida por 90 días desde el 20 de junio y su vigencia concluye en septiembre. Una eventual ampliación debe cumplir el procedimiento correspondiente y requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
MAGISTERIO RURAL CUESTIONA UNA AMPLIACIÓN
El rechazo a una eventual extensión también llegó desde la Federación de Maestros Rurales, aunque sus cuestionamientos están centrados en los efectos del estado de excepción sobre los derechos ciudadanos.
Su ejecutivo, Juan Carlos Mamani, anunció que el sector no respaldará una ampliación.
“Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado y obviamente no vamos a permitir que haya una ampliación en este estado de excepción”, sostuvo.
Mamani señaló que, si el Ejecutivo decide prolongar la medida, la organización consultará a sus representantes de distrito, núcleos y unidades educativas para definir posibles acciones.
También advirtió que el estado de excepción podría ser desconocido.
“Va a tener que romperse ¿No? También el Gobierno está yendo a ese camino”, manifestó.
Mientras el Gobierno defiende la posibilidad de mantener las restricciones y las organizaciones preparan nuevas medidas, el DS 5676 continúa como uno de los principales puntos de conflicto por el precio del diésel, el abastecimiento y las condiciones que enfrentan productores y transportistas.