El Ministerio Público negó que el proceso contra el consultor argentino responda a intereses políticos y señaló que las pesquisas surgieron de denuncias, declaraciones e indicios incorporados a las causas.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó la acusación de Fernando Cerimedo de que las investigaciones en su contra serían utilizadas para provocar un supuesto “golpe de Estado” contra el presidente Rodrigo Paz.
La declaración de Cerimedo fue realizada durante su comparecencia ante la Fiscalía, donde sostuvo que el proceso vulneraría sus derechos y tendría como propósito desestabilizar al Gobierno.
LAS PESQUISAS CONTINÚAN POR VARIAS VÍAS
Mariaca negó esa interpretación y afirmó que el Ministerio Público no inició las actuaciones por razones políticas. Señaló que las investigaciones están relacionadas con hechos concretos denunciados y con elementos obtenidos durante las diligencias.
El proceso principal se abrió por el ataque armado contra Nadia Beller, ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz. Cerimedo es investigado por tentativa de feminicidio y permanece con detención preventiva en Palmasola. La Fiscalía sostiene que la declaración de la víctima, informes psicológicos, documentación y otros indicios sustentaron su imputación.
La investigación tampoco se limitó al ataque. El Ministerio Público confirmó otros tres procesos contra el ciudadano argentino: uno por presunto enriquecimiento ilícito, otro por violencia familiar o doméstica y una cuarta causa en Beni por presunto tráfico de sustancias controladas y confabulación.
Dentro del caso Beller, la Fiscalía emitió además tres nuevas órdenes de aprehensión contra ciudadanos extranjeros. Los mandamientos fueron entregados a la Policía para su ejecución y sus identidades no fueron divulgadas para no afectar las diligencias.
Mariaca también confirmó la declaración de un teniente coronel de la Policía que reconoció haber mantenido comunicación con Cerimedo. El oficial negó cualquier participación en el ataque investigado.
El fiscal general advirtió, además, que funcionarios que intenten intervenir o frenar las investigaciones deberán asumir las consecuencias correspondientes.