El Ejecutivo respondió a las organizaciones que preparan movilizaciones contra el nuevo precio del diésel y defendió la medida mientras plantea reuniones para atender sus reclamos.

El Gobierno endureció su respuesta frente a los anuncios de movilización surgidos tras el incremento del precio del diésel para medianos y grandes consumidores. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, pidió a los sectores inconformes plantear primero sus demandas y propuestas antes de recurrir a medidas de presión.
ARAMAYO RECLAMA PROPUESTAS
“No amenacen con acciones, sentémonos a dialogar”, afirmó el ministro, al referirse a las organizaciones que anunciaron protestas en distintas regiones.
La autoridad cuestionó que algunos sectores definan medidas de hecho antes de iniciar conversaciones con el Ejecutivo. “Si yo primero amenazo o defino la acción de hecho y luego quiero dialogar, estoy poniendo los bueyes detrás de la carreta”, sostuvo.
El reclamo de los sectores afectados está relacionado con el impacto del nuevo precio sobre sus costos de operación. El diésel es utilizado de manera intensiva en actividades productivas, transporte y maquinaria, por lo que cualquier incremento repercute directamente en sus gastos.
EJECUTIVO MANTIENE SU DECISIÓN
Aramayo defendió la política de nivelación de precios y cuestionó el costo que representa para el Estado mantener la subvención a los carburantes.
“Ya no podemos sacrificar el bienestar de los bolivianos para seguir con ese modelo que el anterior Gobierno dejó”, manifestó.
Según el ministro, los recursos que anteriormente se destinaban a sostener la subvención podrían ser orientados a hospitales, escuelas, carreteras, medicamentos y desayuno escolar.
La convocatoria gubernamental ocurre después de la emisión del decreto que establece las nuevas condiciones para el precio del diésel. El Ejecutivo no anunció una reversión de la medida y, en cambio, planteó recibir los reclamos de las organizaciones.
Mientras tanto, los sectores afectados analizan las acciones que asumirán frente al incremento, en una disputa que enfrenta el argumento oficial sobre el costo de la subvención con las advertencias de productores y consumidores sobre el impacto del nuevo precio en sus actividades.