Nuevas diligencias fiscales buscan aclarar inconsistencias detectadas durante el operativo, mientras persisten observaciones sobre el tratamiento de las evidencias, los arrestados y el registro del mineral.

La investigación por el denominado caso «oro-maletas» continúa ampliándose en medio de observaciones sobre la actuación de los investigadores durante el operativo realizado en el aeropuerto internacional de Viru Viru. Las diferencias entre el peso del oro reportado, la liberación de personas inicialmente arrestadas y la verificación de comunicaciones telefónicas forman parte de una causa que todavía intenta reconstruir cada una de las actuaciones realizadas desde el momento de la intervención. Mientras el Ministerio Público incorpora nuevas diligencias, desde distintos sectores surgen pedidos para que todas las dudas sean aclaradas con documentación y resultados verificables.
Las primeras actuaciones concentran las observaciones
Buena parte de los cuestionamientos está relacionada con la forma en que se desarrolló el procedimiento inicial tras la incautación del cargamento.
El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Rubén Barrientos, explicó que la normativa establece una secuencia de actuaciones que debe cumplirse para garantizar la legalidad del proceso y preservar la cadena de custodia de las evidencias.
Detalló que la Policía debe comunicar inmediatamente el hecho al fiscal de turno, asegurar el lugar de la intervención, registrar el secuestro del material mediante las actas correspondientes y trasladar a las personas arrestadas para que la autoridad competente determine su situación jurídica.
Según Barrientos, cuando alguno de esos pasos no queda plenamente documentado o no es explicado de manera oportuna, aparecen cuestionamientos que terminan afectando la credibilidad de toda la investigación.
El exjefe policial sostuvo que «las dudas son razonables» precisamente porque la información difundida hasta ahora no permitió reconstruir con claridad el desarrollo completo del operativo.
Añadió que una explicación institucional inmediata habría evitado gran parte de las versiones que comenzaron a circular después de conocerse el caso.
El peso del oro continúa generando interrogantes
Uno de los aspectos que sigue bajo análisis corresponde a la diferencia entre los aproximadamente 211 kilos de oro observados en registros fotográficos y los 189,5 kilos que posteriormente fueron incorporados como parte de la investigación.
Barrientos manifestó que esa diferencia podría explicarse técnicamente si una cifra corresponde al peso bruto del cargamento, considerando las cajas utilizadas para su transporte, mientras que la otra hace referencia únicamente al peso neto del mineral.
Sin embargo, insistió en que esa aclaración debió ser presentada oficialmente desde el inicio mediante documentación técnica, evitando interpretaciones distintas sobre la cantidad de oro efectivamente incautada.
Para el exdirector de la FELCC, la principal dificultad no radica únicamente en la diferencia de peso, sino en la ausencia de una explicación institucional clara que despeje las observaciones planteadas.
La liberación de personas arrestadas también es investigada
Las decisiones adoptadas respecto a las personas inicialmente arrestadas constituyen otro de los elementos que mantiene abierto el caso.
Barrientos explicó que toda persona intervenida debe quedar bajo conocimiento del Ministerio Público una vez concluidas las actuaciones preliminares, permitiendo que la autoridad competente determine si corresponde su aprehensión, imputación o liberación.
Indicó que cuando posteriormente aparecen explicaciones distintas sobre esas actuaciones, resulta inevitable que surjan cuestionamientos acerca del procedimiento aplicado.
A su juicio, la transparencia en este tipo de investigaciones depende de que todas las actuaciones estén debidamente registradas y respaldadas mediante documentación oficial.
Diputados piden esclarecer el procedimiento
Las observaciones sobre el caso también fueron planteadas por legisladores de oposición.
El diputado de Alianza Libre, Mario Herrera, solicitó una investigación sobre la actuación policial y afirmó que un caso de esta naturaleza requería un seguimiento permanente por parte de las autoridades responsables.
Sostuvo que el ministro del área debía conocer el desarrollo de las actuaciones y promover una investigación que permitiera establecer si existieron responsabilidades por las observaciones conocidas durante los últimos días.
Asimismo, manifestó que la Policía tiene la obligación de actuar conforme a los protocolos institucionales y mantener informadas a las autoridades competentes sobre cada actuación desarrollada.
Por su parte, el diputado de Unidad, Álvaro Cazasola, cuestionó las distintas versiones conocidas alrededor del caso y expresó dudas sobre el manejo de la investigación.
«Todo el Gobierno… No puede ser posible que no tengamos veracidad de la situación», declaró al referirse a las contradicciones surgidas durante el desarrollo del proceso.
También señaló que la ciudadanía espera una explicación completa sobre cada una de las actuaciones ejecutadas por las instituciones involucradas.
Un imputado permanece con detención preventiva
Dentro del proceso judicial, el juez Fernando Daniel Mejía Gallardo dispuso la detención preventiva por 150 días en el penal de Palmasola para Adrián Lema Roca, de 22 años.
Durante la audiencia cautelar, el fiscal Gomer Padilla informó que el Ministerio Público presentó elementos que sustentan la probabilidad de autoría respecto a los presuntos delitos de contrabando, venta y compra ilegal de recursos minerales y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
La autoridad también informó que el investigado decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.
Como parte de la resolución judicial, se ordenó la incautación del cargamento y su entrega al Banco Central de Bolivia, previo cumplimiento de un nuevo pesaje oficial.
Mencionan otros antecedentes
El secretario general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, Luis Alberto Ruiz, manifestó que la desaparición de evidencias en investigaciones relevantes no constituye un hecho aislado.
Recordó anteriores procesos donde también se denunciaron pérdidas de objetos vinculados con investigaciones de alto perfil y afirmó que esos antecedentes generan preocupación sobre el resguardo de las evidencias.
«De la casa de Marset se perdieron relojes, también se perdieron las famosas narc0maletas y ahora se pierden 22 kilos de oro», manifestó.
Según Ruiz, cuando el Ministerio Público toma conocimiento después de ocurridas determinadas actuaciones resulta más complejo reconstruir completamente los hechos y verificar la preservación de la cadena de custodia.
Solicitan identificar responsabilidades
El diputado Rolando Pacheco pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destituir al director departamental de la FELCC de Santa Cruz, coronel Jhonny Coca, luego de que éste atribuyera la liberación de personas arrestadas a un «error procedimental».
El legislador anunció que solicitará peticiones de informe para identificar a todos los funcionarios que participaron en el operativo.
También adelantó que requerirá la triangulación de llamadas telefónicas, el secuestro de teléfonos celulares y otras actuaciones destinadas a determinar quiénes adoptaron las decisiones cuestionadas.
Además, informó que solicitará la intervención de la FELCC de Satélite Norte dentro de las investigaciones.
La Fiscalía amplía el alcance del proceso
El fiscal departamental Alberto Zeballos confirmó que las investigaciones continúan abiertas y que podrán ser convocadas todas las personas cuya participación resulte relevante para esclarecer los hechos.
Precisó que el Ministerio Público solicitará registros telefónicos, ubicación, georreferenciación y flujo de llamadas para verificar si existieron comunicaciones entre autoridades del Ministerio de Gobierno, la Aduana Nacional, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y otras instituciones vinculadas con el operativo.
Asimismo, explicó que las investigaciones alcanzarán a comercializadores, importadores, acopiadores y cualquier persona natural o jurídica que pudiera haber intervenido como autor, cómplice, partícipe o encubridor.
Zeballos informó además que existen indicios sobre documentación presuntamente falsificada. Señaló que el SENARECOM confirmó que el formulario M03 presentado durante el procedimiento no fue emitido por esa entidad y añadió que ya fue identificada una empresa relacionada con el cargamento investigado. El Ministerio Público mantiene abiertas las posibilidades de ejecutar nuevos allanamientos, convocar a declarar a otras personas e incorporar nuevos elementos de prueba conforme avance la investigación del denominado caso «oro-maletas».