La diferencia entre el peso anunciado inicialmente y el registrado oficialmente abrió una investigación que busca establecer responsabilidades, esclarecer procedimientos y determinar el destino del oro que no aparece.

La investigación sobre el cargamento de oro interceptado en el aeropuerto internacional de Viru Viru sumó un nuevo elemento que incrementó las dudas sobre el procedimiento. Mientras en un primer momento se informó que el operativo permitió retener 211 kilogramos del mineral, la cifra oficial presentada posteriormente fue de 189,5 kilogramos, dejando una diferencia de aproximadamente 22 kilos cuyo paradero aún no ha sido explicado por las autoridades.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que instruyó verificar la cantidad exacta del oro secuestrado y reconstruir cada una de las actuaciones realizadas desde el inicio del operativo. La autoridad indicó que se solicitaron las actas de requisa, los registros de secuestro y toda la cronología de los hechos para establecer dónde se originó la diferencia entre ambos pesajes.
«Se ha reportado que serían algunos kilos encima», manifestó Oviedo al referirse a la discrepancia detectada en el peso del cargamento. Agregó que la investigación deberá determinar qué ocurrió con el mineral que no figura en el registro oficial y quiénes participaron en todas las etapas del procedimiento.
El ministro también ordenó establecer por qué cinco personas que inicialmente fueron arrestadas recuperaron su libertad pocas horas después. Según explicó, se pidió conocer quién autorizó esa determinación y bajo qué fundamentos jurídicos se adoptó la decisión. «Este Gobierno no va encubrir ningún caso de corrupción o hecho ilícito», afirmó.
Durante el informe oficial también se precisó que el cargamento estaba compuesto por 77 lingotes de oro que pretendían ser enviados en un vuelo con destino a Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con la revisión realizada por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el mineral no contaba con registro y el código QR presentado en la documentación «no tenía lectura alguna», situación que ahora forma parte de la investigación.
El caso también reveló la existencia de una comunicación entre el presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía; el ministro Marco Antonio Oviedo; y el director nacional de Senarecom, Armando Magne Zelaya, mientras avanzaban las primeras actuaciones relacionadas con el decomiso.
Las interrogantes aumentaron después de conocerse que seis personas fueron intervenidas durante el operativo, pero únicamente un joven de 22 años permanece aprehendido. Esa situación también es parte de los informes requeridos por el Ministerio de Gobierno para determinar si el procedimiento respetó la normativa vigente.
Las dudas fueron compartidas por distintas autoridades políticas. El alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, cuestionó la desaparición de los 22 kilogramos y señaló que la diferencia representa un valor económico millonario. «No es una cadenita. Estamos hablando de 20 kilos, valorados en más de 20 millones de dólares… normal no es», sostuvo.
Cronenbold consideró además que un cargamento de esa magnitud difícilmente podría movilizarse sin la documentación correspondiente. «Todos sabemos que sacar oro tiene que tener una normativa, un reglamento, respaldos, permisos, todo. Nadie se atreve a llevar esa cantidad de oro si no tiene los avales correspondientes», afirmó.
Desde la Asamblea Legislativa también surgieron pedidos para ampliar la investigación. El diputado del PDC, Milton Morales, observó que las cifras sobre el peso del mineral tampoco coinciden entre las diferentes instituciones que intervienen en el proceso.
«Se tiene entendido que son 211 kilos de oro. Pero también el Ministerio Público, por una parte, dice que son 185 kilos», señaló el legislador, quien anunció que solicitará acceso a la investigación para ejercer labores de fiscalización. También pidió aclarar por qué únicamente una persona continúa procesada cuando inicialmente fueron seis los arrestados. «Esperemos que no desaparezca más oro del que ya han encontrado», expresó.
Por su parte, la diputada Lissa Claros calificó el caso como «gravísimo» y sostuvo que las inconsistencias conocidas hasta el momento obligan a una investigación integral que permita establecer el origen del oro y la actuación de todas las instituciones involucradas. La legisladora informó que impulsará solicitudes de informe escrito dirigidas a las autoridades competentes y planteará la destitución del presidente de la Aduana Nacional.
Mientras tanto, la investigación también se concentra en la logística utilizada para trasladar el cargamento. De acuerdo con los registros oficiales, la vagoneta Toyota Runner roja con placa 3770-ZPK, captada por cámaras de seguridad cuando transportaba las cajas hasta Viru Viru, figura registrada a nombre de Carlos Eduardo Lema Ribera.
Las imágenes obtenidas durante la investigación muestran que ese vehículo habría llevado los 77 lingotes hasta el aeropuerto antes de que el cargamento fuera detectado mediante controles de Rayos X cuando intentaba ser embarcado en un vuelo chárter con destino a Dubái.
Actualmente, Adrián Lema Roca permanece aprehendido mientras el Ministerio Público investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y venta y compra ilegal de recursos minerales. Paralelamente, continúan las actuaciones destinadas a identificar la participación de todas las personas vinculadas con el traslado del oro, verificar la documentación presentada, reconstruir el procedimiento realizado durante el operativo y establecer qué ocurrió con los aproximadamente 22 kilogramos que fueron mencionados inicialmente, pero que no aparecen en el registro oficial del material secuestrado.