Los gobernadores mantienen su exigencia de redistribuir recursos desde 2027 y preparan una propuesta unificada para Sucre, mientras el Gobierno descarta modificar ahora la coparticipación tributaria.

La respuesta del Gobierno nacional a la propuesta de redistribución del 50/50 presentada por los gobernadores marcó una diferencia clara entre ambas posiciones antes de la reunión convocada para el 5 de agosto en Sucre. El Ejecutivo rechazó aplicar la redistribución gradual de la coparticipación tributaria planteada por las regiones y también descartó la transferencia de entidades mineras y servicios de salud a la administración departamental. En cambio, sostuvo que cualquier modificación deberá formar parte de una reorganización más amplia del Estado.
El pronunciamiento fue realizado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, luego de la reunión celebrada en El Alto, donde siete gobernadores acordaron impulsar un proyecto de ley para cambiar progresivamente la distribución de los ingresos tributarios entre el nivel central y las entidades subnacionales.
La iniciativa departamental propone comenzar en la gestión 2027 con el Impuesto a las Transacciones (IT), incorporando posteriormente otros tributos hasta alcanzar un nuevo esquema de coparticipación en 2031.
Frente a ese planteamiento, el Gobierno afirmó que el análisis no puede limitarse únicamente a la distribución de recursos fiscales.
«Escucharemos todas las sugerencias en todos los ámbitos, pero queremos animar a que estas no se planteen en términos estrictamente de distribución fiscal, sino que se piensen de manera estructural», expresó Gálvez.
El vocero indicó que la administración del presidente Rodrigo Paz comparte la necesidad de revisar el funcionamiento del régimen autonómico, aunque considera que esa discusión debe abarcar el conjunto de la organización estatal y no solamente la asignación de ingresos tributarios.
Además del cambio en la coparticipación, los gobernadores solicitaron que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), el Servicio Geológico Minero (Sergeomin) y algunos servicios de salud pasen a depender de los gobiernos departamentales.
La propuesta también recibió una respuesta negativa.
«No tiene mucho sentido transferir instituciones que han fracasado, que son corruptas o que tienen acusaciones de ese orden; más bien, la aplicación de las políticas del 50/50 debe darnos un nuevo orden de Estado», señaló Gálvez.
Pese a ese rechazo, el Ejecutivo aseguró que continuará atendiendo las dificultades económicas que atraviesan las gobernaciones y otras entidades autónomas.
«No implica dejar de atender las necesidades inmediatas. Somos totalmente conscientes de que las gobernaciones, las alcaldías y las entidades autónomas regionales están pasando por diversas necesidades económicas debido a esta crisis, y las trataremos en ese marco», indicó.
Las gobernaciones sostienen que la situación financiera hace necesaria una redistribución de recursos para garantizar el cumplimiento de competencias que fueron ampliándose durante los últimos años sin un incremento equivalente de ingresos.
El gobernador de La Paz, Luis Revilla, explicó que la propuesta fue consensuada entre los departamentos presentes en la reunión realizada en El Alto.
«Estamos todos de acuerdo en que la discusión del 50/50 tiene que pasar por una redistribución de la coparticipación de al menos un impuesto de manera gradual a partir de la gestión 2027», afirmó.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, precisó que la implementación será escalonada y permitirá incorporar nuevos tributos hasta completar el modelo previsto para 2031.
El documento aprobado por las gobernaciones también plantea la revisión y posterior abrogación de leyes y decretos emitidos desde 2006 que, según las autoridades departamentales, trasladaron responsabilidades administrativas sin asignar el financiamiento necesario para cumplirlas.
Para el gobernador del Beni, Jesús Egüez, el encuentro permitió consolidar una agenda común frente a problemas que afectan a todos los departamentos.
La autoridad sostuvo que las gobernaciones enfrentan dificultades similares relacionadas con la escasez de recursos y la creciente cantidad de competencias, por lo que consideró indispensable abrir un proceso de trabajo técnico con el Gobierno antes de la reunión presidencial.
Egüez también planteó que gobernadores, legisladores, municipios y autoridades regionales actúen de manera coordinada para fortalecer la posición de los departamentos durante las negociaciones.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, manifestó que el proceso autonómico requiere una revisión porque, a dos décadas de su implementación, las regiones continúan enfrentando limitaciones presupuestarias.
«Son 20 años que poco se ha avanzado», sostuvo.
Añadió que las gobernaciones necesitan contar con mayores recursos propios para asumir las competencias que actualmente financian con presupuestos insuficientes.
El gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllon, afirmó que la reunión convocada para el 5 de agosto debe llegar acompañada de avances concretos y pidió que las mesas técnicas comiencen su trabajo antes del encuentro presidencial.
«No podemos seguir esperando», expresó.
Ayllon recordó que el presidente Rodrigo Paz hizo referencia anteriormente a la necesidad de superar un «Estado tranca» y señaló que ahora corresponde traducir ese planteamiento en medidas concretas que permitan fortalecer las autonomías.
Desde Oruro, el gobernador Edgar Sánchez sostuvo que el centralismo continúa generando diferencias entre departamentos y defendió una mayor descentralización administrativa y financiera como parte del fortalecimiento autonómico.
Entre las resoluciones adoptadas en El Alto también figura la creación de una Asociación de Gobiernos Autónomos Departamentales, instancia que buscará coordinar posiciones comunes frente al Ejecutivo y dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por las regiones.
Asimismo, las autoridades resolvieron solicitar la instalación inmediata de mesas técnicas para revisar la redistribución tributaria, las competencias de los gobiernos departamentales y las modificaciones normativas que consideran necesarias para consolidar el proceso autonómico.
Con ese panorama, el encuentro previsto para el 5 de agosto en Sucre reunirá a un Gobierno que mantiene su decisión de no avanzar con la redistribución del 50/50 en los términos planteados por las gobernaciones y a unas regiones que llegarán con una propuesta consensuada para modificar gradualmente la coparticipación tributaria, redefinir competencias y abrir una nueva etapa en la relación entre el nivel central y los gobiernos departamentales.