La detención de Vicente Salazar unificó a las organizaciones campesinas, que alistan medidas de presión nacionales ignorando la vigencia del régimen de excepción del Gobierno.

La CSUTCB regional Santa Cruz acusó formalmente al gobierno de Rodrigo Paz de traicionar los compromisos de amparo asumidos con las organizaciones sociales. Las bases productivas del departamento se declararon en estado de apronte general ante la detención de las autoridades originarias que encabezaron las recientes protestas nacionales.

El dirigente agrario Joel Guarachi enfatizó que la persecución judicial implementada desde el Palacio Quemado acelerará la salida de las comunidades hacia las carreteras estratégicas. “El pueblo está molesto, igual se va movilizar a pesar del estado de excepción contra la persecución política que está haciendo este gobierno”, remarcó, rechazando el amedrentamiento militar en el área rural.

El magisterio de las bases advierte que la reclusión del ejecutivo de los Tupac Katari provocará la paralización del transporte de alimentos y carga pesada hacia los mercados. Los sindicatos deploraron que la actual administración prefiera subordinarse a intereses internacionales y reprimir internamente a los sectores que exigen respuestas a la crisis económica del país.

Guarachi concluyó manifestando que los secretarios ejecutivos actúan estrictamente como portavoces de las determinaciones tomadas en las asambleas comunales. La advertencia del bloque oriental es contundente: el encarcelamiento de Salazar marcará el retorno inmediato de los cortes de vías a nivel nacional, superando cualquier restricción legal impuesta por el Estado.