La organización obrera sostiene que cinco de sus representantes fueron privados de libertad mediante un operativo irregular y reclama acciones inmediatas para garantizar sus derechos constitucionales.

La Central Obrera Boliviana (COB) denunció públicamente la aprehensión de cinco de sus dirigentes nacionales y anunció que solicitará la intervención de organismos nacionales e internacionales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el operativo.
La denuncia fue difundida tras los hechos ocurridos el 7 de junio, cuando los representantes sindicales fueron interceptados mientras se desplazaban en un vehículo particular. De acuerdo con la versión de la organización, quienes ejecutaron la intervención actuaron vestidos de civil, con el rostro cubierto y portando armas, sin presentar documentación que acreditara su condición de funcionarios policiales.
La COB aseguró que tampoco se exhibió una orden de aprehensión emitida por autoridad competente. Según el pronunciamiento, durante el procedimiento se empleó gas lacrimógeno dentro del vehículo para obligar a los ocupantes a descender, situación que, a juicio de la entidad, puso en riesgo la integridad de los dirigentes.
Posteriormente, los cinco representantes fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La organización sostiene que la retención carece de sustento legal debido a que no se presentó un informe policial de acción directa que justifique la medida asumida.
En su comunicado, la COB afirmó que los hechos denunciados constituyen una vulneración de derechos protegidos por la Constitución Política del Estado, entre ellos la libertad personal, el debido proceso y la actividad sindical. También señaló que la situación podría involucrar el incumplimiento de compromisos internacionales suscritos por Bolivia en materia de derechos humanos y protección de organizaciones laborales.
La entidad manifestó además preocupación por videos que comenzaron a circular en redes sociales después de la aprehensión. Según indicó, si el contenido es corroborado por las instancias competentes, podría evidenciar actos incompatibles con el trato que debe recibir cualquier persona bajo custodia.