Lo que fue presentado como la principal apuesta para industrializar la producción de miel en Villa Montes enfrenta hoy cuestionamientos por decisiones administrativas, observaciones sobre el predio elegido y la falta de financiamiento confirmado para ejecutar la obra.

El Centro de Innovación Productiva Apícola, anunciado durante los últimos años como uno de los proyectos estratégicos para transformar la producción de miel en el Gran Chaco, atraviesa una creciente controversia política y administrativa. Documentación revelada por la asambleísta regional Milenka Pomarino Valdez señala que la anterior gestión del Gobierno Regional impulsó la cancelación y archivo de los trámites relacionados con la iniciativa poco antes del cambio de autoridades.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la legisladora, el 23 de abril de 2026 ingresó una solicitud formal para dejar sin efecto el procedimiento y archivar la documentación vinculada al proyecto. La fecha llamó la atención de la nueva administración debido a que se produjo semanas después de las elecciones subnacionales y cuando ya estaba definida la transición hacia la gestión encabezada por Juan García Cardozo.
Ante esta situación, la Asamblea Regional inició un proceso de revisión de los antecedentes técnicos y legales del emprendimiento, considerado uno de los proyectos más ambiciosos anunciados para el sector apícola del país.
Las observaciones también alcanzan al terreno identificado para la construcción del complejo. Según la información expuesta durante la fiscalización, el predio denominado “Santa Cecilia” figura a nombre de Jorge Miguel Aguirre Gutiérrez. El hecho generó debate debido a que el propietario mantiene un vínculo familiar con Eleuterio Aguirre Gutiérrez, persona identificada políticamente como cercana a la exejecutiva regional Karen Sánchez Valverde.
La controversia surge porque el procedimiento contemplaba una declaratoria de necesidad y utilidad pública que posteriormente podía derivar en un proceso de expropiación. Desde la Asamblea Regional se plantearon interrogantes sobre la transparencia de las decisiones adoptadas durante la fase de planificación del proyecto y sobre los criterios utilizados para seleccionar el terreno.
A los cuestionamientos administrativos se suma otro aspecto central: la viabilidad financiera. La nueva gestión sostiene que no existen recursos garantizados para cubrir los aproximadamente 150 millones de bolivianos requeridos para la construcción y equipamiento del complejo industrial.
Según los acuerdos inicialmente difundidos, la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) debía asumir los estudios de preinversión, mientras que el Gobierno Regional tenía la responsabilidad de proporcionar un terreno saneado. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado documentos que certifiquen financiamiento comprometido por parte del Gobierno central o de organismos internacionales para ejecutar la obra.
La paralización del proyecto mantiene en incertidumbre al sector apícola de Villa Montes, una región cuya producción anual de miel fluctúa entre 400 y 1.000 toneladas. La ausencia de infraestructura industrial y de mecanismos sólidos de exportación limita actualmente las posibilidades de comercialización, obligando a numerosos productores a mantener parte de su producción almacenada.
Mientras continúan las solicitudes de informes y la revisión de expedientes, la Asamblea Regional busca establecer responsabilidades y esclarecer cada una de las decisiones adoptadas durante la gestión anterior respecto a un proyecto que pasó de ser presentado como emblema de la industrialización chaqueña a convertirse en objeto de escrutinio público.