El Gobierno convocó únicamente a la dirigencia Tupac Katari mientras continúan los bloqueos y crecen las críticas por excluir a la Central Obrera Boliviana de cualquier negociación nacional.

A 23 días del inicio de las movilizaciones y bloqueos que mantienen paralizadas varias rutas del país, el Gobierno decidió avanzar nuevamente con reuniones sectoriales y dejó fuera de la agenda de diálogo a la Central Obrera Boliviana (COB), organización que históricamente encabezó las principales luchas sociales y laborales del país.
La nueva convocatoria oficial fue dirigida a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupac Katari para una reunión prevista este domingo a las 9:00. La medida volvió a profundizar las críticas de sectores movilizados que denuncian una política orientada a dividir las protestas y negociar por separado con cada organización.
El conflicto ya provocó problemas de abastecimiento en varias ciudades y mantiene más de 50 puntos de bloqueo activos, especialmente en el eje central. Pese a la magnitud de la crisis, el Ejecutivo continúa instalando mesas individuales con campesinos, fabriles, mineros y otros sectores, sin convocar a un espacio amplio junto a la COB.
Desde el Gobierno, el ministro Justiniano defendió la estrategia oficial y aseguró que el diálogo con las organizaciones sociales “ha sido permanente”. Según la autoridad, durante las últimas semanas se realizaron numerosas reuniones y se enviaron cartas a distintos sectores para abrir canales de negociación.
Justiniano afirmó además que el presidente Rodrigo Paz participó directamente en varios encuentros prolongados y sostuvo que la prioridad gubernamental es atender las demandas sociales mediante acuerdos específicos con cada organización movilizada.
Sin embargo, dentro de los sectores en protesta crece la percepción de que el Ejecutivo busca aislar a la COB para reducir la presión nacional y evitar una negociación conjunta que reúna a todos los actores involucrados en el conflicto.
La autoridad también señaló que los bloqueos están causando graves daños económicos, principalmente en el sector agrícola. “Meses de trabajo terminan arruinados por nada más que días de bloqueo”, declaró al referirse a las pérdidas que enfrentan productores y transportistas afectados por el cierre de carreteras.
Mientras tanto, las movilizaciones continúan sin señales de solución inmediata. Las demandas incluyen reclamos económicos, cuestionamientos al manejo gubernamental de la crisis y pedidos de respuestas integrales frente al deterioro de las condiciones sociales en distintas regiones.
En medio de ese escenario, el Ejecutivo anunció además la instalación del Consejo Económico y Social, cuya sesión constitutiva fue convocada para el miércoles 27 de mayo en la Casa Grande del Pueblo. Según el Gobierno, el organismo trabajará temas vinculados a estabilidad económica, producción, empleo y seguridad alimentaria.
Sectores movilizados observan con desconfianza la creación de esa instancia y consideran que el Gobierno intenta trasladar la discusión hacia espacios institucionales paralelos mientras evita reconocer a la COB como interlocutor principal dentro del conflicto nacional.
En la Asamblea Legislativa también aparecieron posturas divididas sobre la crisis. La diputada Ximena Arispe afirmó que el diálogo debe mantenerse abierto y planteó la posibilidad de discutir cambios ministeriales para aliviar la tensión social.
Por su parte, la diputada Eliana Condori defendió las movilizaciones y aseguró que la situación económica del país empujó a distintos sectores a salir a las calles.
En contraste, el diputado Alejandro Reyes pidió operativos policiales progresivos para liberar carreteras y afirmó que detrás de las protestas existen intereses orientados a generar desestabilización política.