Docentes urbanos y rurales sostienen que el Decreto Supremo 5621 altera lo pactado con el Ministerio de Educación sobre el Bono Gestión de Aula 2026 y exigen su revisión inmediata por incumplimiento del acuerdo.

El magisterio urbano y rural de Bolivia volvió a pronunciar su rechazo al Decreto Supremo 5621, al considerar que su contenido no coincide con el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación sobre el Bono Gestión de Aula 2026. Las organizaciones docentes señalaron que, tras revisar el documento oficial, se evidencian cambios respecto a lo comprometido en las negociaciones.
La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia afirmó que el decreto modifica el esquema de financiamiento del bono de 2.400 bolivianos por maestro, que en el acuerdo inicial estaba bajo responsabilidad directa del nivel central del Estado. Según el sector, el texto aprobado introduce una variación sustancial al limitar ese compromiso únicamente a la gestión 2026.
El Decreto Supremo 5621 establece que el Tesoro General de la Nación cubrirá el bono durante 2026, mientras que desde 2027 el pago deberá ser incorporado en los presupuestos de las direcciones departamentales de educación. Para el magisterio, esta disposición representa un cambio respecto al acuerdo firmado, ya que traslada la carga financiera a las gobernaciones sin una garantía adicional de recursos.
Dirigentes sindicales señalaron que la revisión del decreto permitió identificar diferencias entre lo acordado en mesas de negociación y lo finalmente aprobado por el Órgano Ejecutivo. Indicaron que estos cambios no fueron consultados con las bases del magisterio ni con sus organizaciones representativas antes de su promulgación.
Durante movilizaciones en la ciudad de El Alto, los docentes expresaron su rechazo al contenido del decreto y afirmaron que el documento no refleja lo comprometido en el proceso de diálogo con el Ministerio de Educación. Las concentraciones incluyeron pronunciamientos en los que se exigió la revisión inmediata de la norma.
El sector docente también observó que varias gobernaciones enfrentan limitaciones presupuestarias, lo que podría dificultar la aplicación del bono a partir de 2027. Según los representantes del magisterio, este elemento no fue considerado en la estructura del decreto, generando incertidumbre sobre su sostenibilidad.
Las organizaciones del magisterio urbano y rural ratificaron su rechazo al Decreto Supremo 5621 y exigieron su modificación, además de la restitución del esquema de financiamiento acordado inicialmente con el nivel central del Estado. Señalaron que el respeto a los acuerdos firmados es un elemento central para la continuidad del relacionamiento institucional con el sector educativo.
El magisterio mantiene su posición de rechazo y anunció que continuará con sus medidas de movilización mientras no se atienda la solicitud de revisión del decreto. Las bases sostienen que la coherencia entre lo firmado y lo normado es indispensable para evitar conflictos en el sistema educativo.