La incertidumbre golpeó a decenas de familias paceñas que buscaron durante horas a sus parientes detenidos después de los operativos policiales desplegados tras las movilizaciones y enfrentamientos del lunes.

La crisis desatada tras las protestas del 18 de mayo en la ciudad de La Paz dejó al menos 95 personas aprehendidas y abrió una nueva ola de denuncias contra la actuación policial y el manejo gubernamental del conflicto social. Abogados y representantes de derechos humanos señalaron que entre los arrestados existen mujeres, adultos mayores y ciudadanos que habrían sido detenidos lejos de los principales puntos de enfrentamiento.
La cifra preliminar fue confirmada por el abogado de derechos humanos Kurmi Rocha, quien acudió hasta instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para verificar la situación de las personas trasladadas tras los operativos ejecutados durante la jornada de violencia.
“Aproximadamente hay 95 personas aprehendidas en este momento”, informó Rocha, citando datos proporcionados por personal policial de guardia. El jurista explicó que el número todavía podría incrementarse debido a que los controles y operativos continuaban en distintos sectores paceños incluso después de finalizadas las movilizaciones.
La representante de derechos humanos Eliana Rojas denunció que varias familias reportaron arrestos realizados de manera indiscriminada. Según indicó, algunos ciudadanos fueron interceptados en calles cercanas a las protestas sin que existiera claridad sobre su participación directa en los disturbios registrados durante la jornada.
Las movilizaciones fueron protagonizadas por organizaciones sociales, obreras y campesinas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas derivaron en enfrentamientos con efectivos policiales, daños a instituciones públicas, vehículos incendiados y personas heridas en distintos puntos de la sede de gobierno.
No obstante, tras el operativo policial, el foco de preocupación se trasladó rápidamente a las dependencias de la FELCC, donde familiares aguardaban noticias sobre los detenidos. Varias personas denunciaron que pasaron horas sin recibir información oficial sobre el paradero de sus hijos, hermanos o padres arrestados durante los disturbios.
Los abogados también cuestionaron los delitos atribuidos a los detenidos. De acuerdo con la información preliminar, los arrestados enfrentan acusaciones por sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. La defensa sostuvo que esas figuras penales son excesivas mientras todavía no se determina la responsabilidad individual de cada una de las personas capturadas durante la jornada de conflicto.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia anunció que realizará un seguimiento legal caso por caso para verificar posibles vulneraciones a garantías constitucionales y denunciar cualquier irregularidad en los procesos iniciados contra los manifestantes.