Las órdenes de aprehensión contra líderes sindicales, campesinos y vecinales aumentaron la indignación en las calles, donde sectores movilizados denuncian persecución política y uso represivo de las instituciones estatales.

La crisis social que golpea al país ingresó este lunes en uno de sus momentos más delicados después de que la Fiscalía activara órdenes de aprehensión contra dirigentes sindicales y representantes de organizaciones sociales que participan de las protestas contra el Gobierno. La medida fue asumida en medio de masivas movilizaciones en La Paz y El Alto, donde miles de personas volvieron a exigir respuestas económicas y cuestionaron la actuación del Ejecutivo frente al conflicto.
Entre los dirigentes alcanzados por las resoluciones judiciales figuran Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB); el senador suplente Nilton Condori; además de Davis Quispe, Juan Héctor Huacani, Justino Apaza y Winston Gemio Quispe, todos vinculados a las marchas y bloqueos desarrollados durante las últimas semanas.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó públicamente que las órdenes de aprehensión ya fueron emitidas y entregadas a la Policía Boliviana para su ejecución. Las investigaciones se originaron a partir de denuncias impulsadas por el Ministerio de Gobierno y reportes policiales relacionados con las protestas sociales.
Los dirigentes son acusados de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo y atentados contra servicios públicos y medios de transporte. Sin embargo, desde los sectores movilizados sostienen que las acusaciones buscan deslegitimar las demandas sociales y generar temor entre las organizaciones que cuestionan al Gobierno.
La figura de Mario Argollo adquirió relevancia nacional desde el inicio de las protestas impulsadas por la COB. Las movilizaciones comenzaron reclamando mejoras salariales y medidas frente al encarecimiento de productos básicos, pero el conflicto se agravó tras semanas de negociaciones sin resultados. Finalmente, sectores sindicales, campesinos y organizaciones vecinales resolvieron endurecer las medidas de presión y exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Durante esta jornada, las calles paceñas volvieron a quedar completamente tensionadas. La llegada de la marcha evista a la sede de Gobierno se sumó a las movilizaciones de ponchos rojos, maestros rurales, organizaciones alteñas y campesinos que intentaron avanzar hacia la plaza Murillo. La Policía desplegó fuertes operativos y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La orden de captura contra Nilton Condori también provocó reacciones dentro de sectores políticos y sindicales. El senador suplente había respaldado abiertamente las protestas y participaba en las concentraciones desarrolladas en La Paz. Junto a él aparecen dirigentes con presencia en provincias paceñas y organizaciones vecinales de El Alto, entre ellos Davis Quispe, ejecutivo de la CSUTCB; Juan Héctor Huacani, representante de Puerto Acosta; Justino Apaza, dirigente de la Fejuve de Bolivia; y Winston Gemio Quispe, identificado con grupos autoconvocados.
En distintos puntos de bloqueo y movilización, dirigentes y bases denunciaron que el Gobierno intenta sostenerse mediante procesos judiciales y operativos policiales en lugar de atender las demandas sociales. Pese a las amenazas de detención, las organizaciones movilizadas ratificaron que continuarán en las calles y señalaron que las órdenes de aprehensión no frenarán las protestas ni el rechazo acumulado contra la administración gubernamental.