La diplomacia boliviana activó un comunicado contra Colombia por referirse a la crisis nacional, pero evitó pronunciarse sobre mensajes internacionales que respaldan abiertamente a Rodrigo Paz y sus medidas de control.

La reacción de la Cancillería boliviana frente a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a generar cuestionamientos sobre el manejo político de la política exterior del país. Mientras el Gobierno denunció una supuesta injerencia por las opiniones emitidas desde Bogotá, mantuvo silencio frente a otros pronunciamientos extranjeros que expresaron apoyo directo al presidente Rodrigo Paz y a las operaciones ejecutadas para contener las protestas sociales.
La controversia comenzó luego de que Petro afirmara en redes sociales que Bolivia enfrenta una “insurrección popular” y ofreciera la posibilidad de colaborar en la búsqueda de salidas pacíficas si su país fuera invitado a participar. El mandatario colombiano también pidió evitar la existencia de presos políticos y defendió mecanismos democráticos para resolver la crisis.
La Cancillería respondió mediante un comunicado oficial en el que rechazó las declaraciones y sostuvo que no reflejan el espíritu de respeto y cooperación entre ambos Estados. Además, advirtió que interpretaciones externas sobre la situación boliviana podrían incrementar la confrontación interna.
En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó el principio de no injerencia y aseguró que los problemas del país deben resolverse exclusivamente entre bolivianos, respetando la institucionalidad y el orden constitucional. Sin embargo, esa misma posición no fue aplicada frente a otros actores internacionales que respaldaron públicamente al Ejecutivo.
La Embajada de Estados Unidos en Bolivia emitió un comunicado en el que expresó su apoyo al presidente Paz y rechazó “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido”. También respaldó las medidas impulsadas por el Ejecutivo para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible en medio de los bloqueos instalados en distintas regiones del país.
Pese a tratarse de una postura explícita sobre la crisis política boliviana, la Cancillería no difundió ninguna observación ni expresó preocupación sobre una eventual intervención en asuntos internos. La diferencia de trato provocó críticas hacia la diplomacia estatal, señalada por reaccionar únicamente frente a gobiernos que cuestionan la situación nacional y no frente a quienes respaldan al oficialismo.
La tensión política aumentó durante los últimos días con bloqueos, movilizaciones y protestas impulsadas por sectores sociales y organizaciones vinculadas a la Central Obrera Boliviana. Los manifestantes exigen la renuncia del mandatario y denuncian una creciente crisis económica y social.
En respuesta, el Gobierno desplegó a más de 3.500 policías y militares dentro del operativo denominado “Corredor Humanitario”, destinado a liberar rutas y permitir el ingreso de combustibles y medicamentos hacia La Paz y El Alto.
Aunque varias carreteras fueron habilitadas temporalmente, los puntos de bloqueo reaparecieron horas después del repliegue de las fuerzas del orden. El conflicto continúa escalando mientras el Ejecutivo insiste en responsabilizar a sectores movilizados por la crisis de abastecimiento.
En medio de la polémica, el expresidente Evo Morales agradeció públicamente a Petro por comprender la situación boliviana y por plantear alternativas pacíficas frente al conflicto.
La actuación de la Cancillería terminó instalada en el centro de las críticas por aplicar discursos distintos según el origen de las declaraciones internacionales y por evitar cuestionamientos cuando el respaldo externo favorece políticamente al Gobierno.