El ingreso de movilizados a la sede de gobierno ocurre bajo fuerte vigilancia policial. Sectores sociales denuncian persecución y acusan al Ejecutivo de responder con presión antes que con soluciones.
———–
La llegada de la “Marcha por la Vida” a la ciudad de La Paz abrió una nueva jornada de tensión política y social, marcada por advertencias oficiales de arrestos y posibles intervenciones policiales contra los sectores movilizados que exigen cambios frente a la crisis económica que atraviesa el país.
Durante la noche del domingo, autoridades del Gobierno y de la Policía Boliviana endurecieron su discurso horas antes del ingreso de las columnas de marchistas provenientes del altiplano. Las declaraciones fueron interpretadas por organizaciones sociales como un intento de intimidar a los sectores populares que decidieron movilizarse ante el incremento del costo de vida, la escasez de combustibles y la falta de respuestas estatales.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, afirmó que las protestas no pueden derivar en hechos delictivos y aseguró que las personas vinculadas al uso de explosivos serán procesadas penalmente. Sus declaraciones se dieron tras la presentación pública de un hombre acusado de transportar material explosivo presuntamente destinado a grupos movilizados.
De acuerdo con el reporte oficial, en el operativo se decomisaron mechas y explosivos considerados de alto poder destructivo. No obstante, dirigentes sociales y participantes de la marcha denunciaron que el Gobierno intenta utilizar este caso para asociar a toda la movilización con hechos violentos, pese a que miles de personas participan de manera pacífica.
“Todos tienen derecho a marchar, perfecto, pero no tienen derecho a cometer delitos”, señaló Paredes, quien además anunció que el Ejecutivo buscará sancionar a cooperativas o empresas mineras cuyos explosivos aparezcan relacionados con protestas sociales.
Las advertencias se producen en medio de un fuerte despliegue policial en diferentes puntos de La Paz. Durante las últimas horas se incrementaron los controles en carreteras, accesos urbanos y sectores estratégicos de la ciudad, generando preocupación entre vecinos y movilizados por el riesgo de enfrentamientos.
El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, aseguró que los operativos realizados durante el fin de semana fueron ejecutados sin armas letales, aunque advirtió que la institución está facultada para actuar si considera que existe riesgo para la seguridad pública.
“La Policía Boliviana está para preservar la vida. No queremos hacer uso de la fuerza, pero de ser necesario tendremos que hacerlo de manera progresiva, legal y proporcional”, declaró Sokol.
Las palabras del jefe policial fueron recibidas con preocupación por organizaciones campesinas y sectores populares que recuerdan anteriores conflictos sociales donde las intervenciones terminaron con personas heridas, aprehendidas y procesos judiciales contra dirigentes.
Mientras la marcha avanza hacia el centro paceño, el ambiente en la ciudad continúa marcado por la incertidumbre.