La incorporación de cambios al proyecto de abrogación obligó a reiniciar el trámite en Diputados y dejó en suspenso una solución reclamada por sectores movilizados en todo el país.

La Asamblea Legislativa volvió a extender el tratamiento de la abrogación de la Ley 1720 después de que la Cámara de Senadores aprobara el proyecto con modificaciones y decidiera devolverlo a Diputados, medida que posterga su aprobación definitiva en medio de protestas sociales y bloqueos que continúan creciendo en distintas regiones.
La expectativa de las organizaciones movilizadas estaba centrada en una sanción inmediata de la norma; sin embargo, el Senado optó por introducir cambios al documento originalmente aprobado por Diputados, situación que obliga a reiniciar el procedimiento parlamentario y prolonga la incertidumbre política y social.
La sesión legislativa se desarrolló bajo presión de marchistas campesinos e indígenas de Pando y Beni que permanecieron en la sede de gobierno exigiendo la eliminación total de la Ley 1720. Mientras afuera persistían las movilizaciones, dentro del hemiciclo el trámite parlamentario avanzó entre observaciones, intervenciones y modificaciones que terminaron frenando la aprobación final.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que la norma debía retornar a la Cámara Baja para revisar los cambios introducidos por los senadores. “Queda aprobada la presente ley, por tanto debe ser devuelta a la Cámara de Diputados para considerar las modificaciones introducidas en esta Cámara”, señaló durante la sesión.
La decisión provocó críticas de sectores sociales y legisladores que consideran que la Asamblea Legislativa está prolongando innecesariamente un conflicto que pudo resolverse de manera inmediata. El retorno del proyecto a Diputados implica nuevas discusiones, votaciones y posibles ajustes antes de llegar a su promulgación.
Las disposiciones transitorias añadidas por el Senado establecen que ambas cámaras deberán construir, en un plazo máximo de 60 días, un nuevo marco normativo orientado a regular procedimientos técnicos, administrativos y legales relacionados con la pequeña propiedad agraria, preservando la exclusión de áreas protegidas.
El texto también dispone que el proceso de concertación incorpore a entidades nacionales y departamentales con representatividad y legalidad verificadas. Para sectores movilizados, estas incorporaciones terminan trasladando la solución hacia un escenario político más largo y complejo.
Durante el tratamiento legislativo, el senador Wilder Veliz expresó su rechazo a la devolución del proyecto y afirmó que se estaba “jugando” con las organizaciones que llegaron hasta La Paz esperando respuestas inmediatas de la Asamblea.
La aprobación del proyecto en grande y detalle no logró frenar las críticas sobre el manejo parlamentario del conflicto. Diversos sectores sostienen que las modificaciones introducidas terminan generando más demora en un momento donde las protestas sociales continúan aumentando.
La senadora Claudia Mallon señaló que grupos “ultrarradicales” tergiversaron el contenido de la norma, mientras el senador Branko Marinkovic apoyó la abrogación y anunció el impulso de una nueva propuesta regionalizada.
Horas antes del tratamiento legislativo, la Cámara Agropecuaria del Oriente aceptó la abrogación como una medida destinada a contribuir a la pacificación del país.
Las protestas contra la Ley 1720 comenzaron con organizaciones indígenas y campesinas de Pando y Beni, aunque posteriormente se sumaron otros sectores, entre ellos la Central Obrera Boliviana y agrupaciones campesinas de La Paz que también mantienen demandas económicas y políticas contra el gobierno de Rodrigo Paz.