Pueblos indígenas y organizaciones campesinas mantienen movilizaciones en La Paz mientras legisladores de Santa Cruz anuncian acciones para evitar la eliminación de la Ley 1720 cuestionada por falta de consulta.

La defensa cerrada que asumieron los senadores y legisladores de Santa Cruz en favor de la Ley 1720 elevó la tensión política y social en el país. Mientras indígenas y campesinos de Beni y Pando continúan en vigilia exigiendo la abrogación definitiva de la norma, la representación parlamentaria cruceña activó una estrategia para impedir que el Senado apruebe su eliminación.
Las organizaciones movilizadas denuncian que la ley relacionada con la reconversión de tierras avanzó sin consulta suficiente a comunidades indígenas y sectores campesinos, situación que —según sostienen— vulneró derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. Por esa razón, la aprobación de la abrogación en la Cámara de Diputados fue recibida por los marchistas como un triunfo parcial, aunque todavía insuficiente.
Las delegaciones indígenas instalaron vigilias permanentes en la sede de gobierno y declararon estado de emergencia hasta conocer la decisión final de la Cámara Alta. Dirigentes campesinos afirmaron que el Senado representa ahora el principal obstáculo para concretar la anulación de la norma.
“Vamos a seguir en estado de emergencia para que se pueda dar en su totalidad la abrogación de esta ley”, afirmó Víctor Hugo Roca, ejecutivo nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb).
El dirigente explicó que las organizaciones sociales también trabajan en una nueva propuesta legal que incluya la participación de pequeños productores, sectores campesinos e indígenas, con el objetivo de evitar conflictos similares en el futuro.
Roca agregó que dentro del pliego petitorio de las movilizaciones se encuentran además demandas vinculadas a la titulación de tierras en Pando y el rechazo a otras iniciativas legislativas cuestionadas por organizaciones sociales.
La confrontación política se profundizó luego de las declaraciones del senador Fernando Pareja, presidente de la Brigada Parlamentaria cruceña, quien confirmó que la representación legislativa de Santa Cruz defenderá la vigencia de la Ley 1720 en el Senado.
“Vamos a defender que no abroguen la Ley 1720”, sostuvo el legislador al anunciar reuniones y conversaciones con distintas bancadas parlamentarias para consolidar apoyo político.
La posición asumida por los legisladores cruceños fue interpretada por organizaciones indígenas como una señal de respaldo prioritario a sectores empresariales y productivos antes que a las comunidades que denuncian afectaciones territoriales.
Durante la 106° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley 417/2025-2026 fue aprobado en grande y detalle para dejar sin efecto la Ley 1720. La presidenta en ejercicio de esa instancia, Daniela Cabrera, confirmó posteriormente la remisión del documento al Senado para su tratamiento constitucional.
Sin embargo, apenas se conoció la decisión de Diputados, la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz respondió con una resolución de respaldo total a la norma observada. El documento fue firmado por 43 de los 44 legisladores presentes y declara al bloque legislativo en estado de emergencia.
La resolución también establece coordinación con instituciones cívicas, productores y sectores regionales para asumir medidas frente al proceso de abrogación. Además, exhorta a preservar la seguridad jurídica y el modelo productivo vinculado al régimen agrario.
Las organizaciones indígenas cuestionan que se utilice el argumento económico para ignorar reclamos vinculados a derechos colectivos y consulta previa. Los movilizados sostienen que el problema no se limita a una discusión regional, sino que involucra directamente la protección de territorios indígenas y el respeto a procedimientos constitucionales.
La única legisladora que rechazó el documento de respaldo fue la diputada Diana Romero. Durante la sesión de la brigada parlamentaria, la legisladora explicó que la ley no fue adecuadamente socializada y recordó que existen observaciones constitucionales.
“Estamos gracias al pueblo de Bolivia y es a ellos a quien nos debemos”, expresó Romero al justificar su apoyo a la abrogación.
La diputada añadió que la falta de consenso generó el escenario de protestas y movilizaciones que actualmente se extiende en diferentes regiones del país.
Mientras las organizaciones indígenas continúan movilizadas, en Santa Cruz se fortalecen las reuniones entre sectores cívicos, autoridades departamentales y legisladores que defienden la ley. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, confirmó encuentros con el Comité pro Santa Cruz para coordinar acciones de respaldo al modelo productivo regional.
Desde las vigilias instaladas en La Paz, los marchistas consideran que esas reuniones reflejan una estructura política organizada para impedir cambios reclamados por pueblos indígenas y sectores campesinos.
Las organizaciones sociales aseguran que la presión continuará en las calles mientras el Senado no trate la abrogación. Los dirigentes advierten que la permanencia de la Ley 1720 significaría mantener una norma observada por comunidades que exigen respeto a sus territorios y participación en decisiones relacionadas con la tierra.