Un informe oficial establece responsabilidad solidaria para 22 exasambleístas y funcionarios por pagos indebidos del Bono Frontera entre 2017 y 2021, obligándolos a restituir recursos públicos observados.

La Contraloría General del Estado instruyó la restitución de más de un millón de bolivianos tras confirmar el cobro irregular del denominado Bono Frontera por parte de exasambleístas regionales y funcionarios. El dictamen, sustentado en una auditoría oficial, establece responsabilidad solidaria entre 22 implicados, quienes deberán responder por la totalidad del monto observado.
El informe identifica pagos efectuados entre 2017 y 2021 sin respaldo en la normativa vigente. La revisión técnica concluye que los beneficiarios no cumplían con los requisitos exigidos para acceder a ese incentivo, lo que configura daño económico al Estado y activa la obligación de devolución inmediata.
Uno de los puntos centrales del análisis es la definición de la sede oficial de la Asamblea Regional. El documento precisa que, conforme al estatuto autonómico, esta se encuentra en Villa Montes. En consecuencia, tanto la institución como sus miembros debían ejercer funciones en esa localidad, criterio que descarta interpretaciones utilizadas para justificar el cobro del bono.
La auditoría también delimita el alcance territorial del beneficio. El Bono Frontera corresponde exclusivamente a personal que desempeña funciones dentro de un radio de 50 kilómetros de la línea limítrofe. Villa Montes, según la verificación geográfica incluida en el informe, se ubica a más de 90 kilómetros de la frontera, lo que invalida la aplicación del incentivo en este caso.
Asimismo, se establece que las oficinas ubicadas en Yacuiba y Caraparí no constituyen sedes oficiales permanentes, sino espacios de coordinación operativa. Por tanto, no habilitan el pago del bono. El dictamen fue respaldado por el exasesor Gilmar Pairema León, quien cuestionó las interpretaciones administrativas que ampliaron indebidamente el concepto de lugar de trabajo.