Un sondeo nacional de Coolosa Comunicaciones, aplicado a 6.040 ciudadanos en Bolivia, revela 81% de desconfianza, 62% de desaprobación y un deterioro económico percibido en la mayoría de los hogares.

A cuatro meses de gestión, el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta una de las evaluaciones ciudadanas más adversas registradas en un inicio de mandato reciente. El dato más contundente es el nivel de desconfianza: el 81% de los encuestados afirma tener poca o ninguna confianza en la capacidad del Ejecutivo para resolver los problemas del país. La cifra no solo es elevada, sino que marca el eje central de una percepción ampliamente negativa.
El estudio, realizado por Coolosa Comunicaciones entre el 2 y el 30 de marzo de 2026, se basó en una muestra de 6.040 personas en las principales ciudades del país. La cobertura urbana incluye centros como El Alto, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y otras capitales departamentales, lo que permite identificar tendencias consolidadas en los principales núcleos poblacionales.
La desconfianza se ve reforzada por un segundo indicador clave: la desaprobación. El 62% de los encuestados rechaza la gestión presidencial, frente a un 27% que expresa algún nivel de respaldo y un 11% que no define su posición. La diferencia entre ambas cifras establece una brecha amplia y sostenida, que configura un escenario de debilidad política en la evaluación pública.
El cuestionamiento no se limita a la figura presidencial. Se extiende a la percepción general sobre el país. El 68% de los consultados considera que Bolivia avanza en una dirección incorrecta, mientras que apenas un 31% cree que el rumbo es adecuado. Este indicador introduce una dimensión estructural en la evaluación, al reflejar una crítica al enfoque general de la gestión gubernamental.
En el plano económico, los resultados del sondeo refuerzan el mismo patrón. El 54% de los encuestados señala que su situación económica ha empeorado en comparación con el año anterior. Solo un 20% percibe mejoras, mientras que un 26% indica que no ha experimentado cambios. La diferencia entre quienes reportan retrocesos y quienes observan avances evidencia una percepción negativa en la economía doméstica.
La convergencia de estos indicadores no es menor. La desconfianza del 81%, la desaprobación del 62%, la percepción de rumbo equivocado del 68% y el deterioro económico del 54% configuran un cuadro uniforme en la opinión pública. No se trata de señales aisladas, sino de una evaluación consistente que atraviesa distintos aspectos de la gestión.
Desde el punto de vista metodológico, la encuesta presenta una base amplia y diversa. El 47% de los encuestados cuenta con formación universitaria, el 30% con educación técnica y el resto se distribuye entre niveles secundarios, primarios y de posgrado. En el ámbito laboral, el 41% se identifica como trabajador independiente, el 29% como desempleado y el 21% como empleado formal, lo que refleja una presencia significativa de sectores con alta exposición a la variabilidad económica.
La distribución por edad muestra una participación predominante de población en edad productiva, especialmente entre 25 y 44 años, seguida por jóvenes de 18 a 24 años. Este segmento, vinculado directamente a empleo e ingresos, constituye un actor clave en la evaluación económica y social del país.
FACTORES QUE AGRAVAN LA PERCEPCIÓN NEGATIVA
El ambiente en el que se registra esta evaluación ciudadana está atravesado por una serie de factores que han incrementado la presión sobre el Gobierno. Entre ellos, destacan los cuestionamientos a la calidad del combustible distribuido en el país. Transportistas y usuarios han denunciado un bajo rendimiento de la gasolina, con efectos directos en el funcionamiento de los vehículos y en los costos de mantenimiento.
Las quejas se han extendido tanto al transporte público como privado, generando un malestar sostenido en sectores que dependen directamente del uso de motorizados. A ello se suma la percepción de una respuesta insuficiente por parte del Ejecutivo, sin soluciones inmediatas que permitan corregir el problema.
También está el caso de las denominadas “32 maletas” que continúa sin una información clara. Hasta la fecha, las autoridades no han identificado responsables por el ingreso de estos equipajes al país desde Estados Unidos, en medio de versiones extraoficiales que señalan la posible introducción de varios millones de dólares.