Dimisiones consecutivas en hidrocarburos, autonomías y vocería evidencian presiones políticas, conflictos técnicos y fallas en la comunicación estatal, en un arranque gubernamental atravesado por decisiones forzadas y exposición pública constante.

El gobierno de Rodrigo Paz atraviesa una etapa marcada por la salida de tres mujeres que ocupaban responsabilidades centrales, en un lapso menor a cinco meses. Las renuncias se produjeron en medio de episodios críticos que escalaron rápidamente y terminaron por forzar decisiones dentro del Ejecutivo.
La primera en dejar su cargo fue Margot Ayala, quien encabezaba la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Su salida se dio tras una crisis generada por la comercialización de combustible cuestionado por transportistas, quienes denunciaron afectaciones mecánicas en sus unidades. Las protestas se multiplicaron y derivaron en exigencias directas de su dimisión. En una comparecencia pública, visiblemente afectada, Ayala sostuvo: “Me retiro con la conciencia tranquila, hice todo lo que estuvo a mi alcance para responder a esta situación”. También reveló que durante su gestión detectó irregularidades estructurales y afirmó que su decisión buscaba evitar que la presión externa continúe afectando su desempeño.
Días después, la tensión se trasladó al área política con la renuncia de Andrea Barrientos, entonces viceministra de Autonomías. Sus declaraciones sobre la distribución de recursos y los plazos del proceso autonómico provocaron una reacción inmediata desde Santa Cruz y Beni. Autoridades regionales y dirigentes cívicos cuestionaron sus palabras y exigieron su salida. La presión fue sostenida y pública. Barrientos presentó su renuncia señalando que lo hacía para no perjudicar la marcha del Gobierno. Más tarde, dejó un mensaje que reflejó su posición frente a lo ocurrido: “Cuando una mujer expresa una idea distinta, la respuesta suele ser el intento de desacreditarla”.
El tercer episodio ocurrió en la vocería presidencial. Carla Faval dejó el cargo luego de protagonizar un anuncio que generó confusión nacional: la supuesta restitución de relaciones diplomáticas con Chile a nivel de embajadores. La información fue corregida posteriormente, lo que expuso fallas en la coordinación interna. En su carta de renuncia, Faval expresó: “Ha sido un honor servir a la patria desde este espacio”, destacando el trabajo realizado y agradeciendo la confianza recibida.
Las reacciones a estas salidas reflejaron distintas lecturas. El exviceministro Carlos Hugo Molina cuestionó la manera en que se resolvieron las diferencias dentro del aparato estatal y afirmó: “Se ha optado por descalificar antes que escuchar”. Por su parte, el economista Gonzalo Chávez insistió en la importancia de sostener la pluralidad de criterios dentro de la gestión pública, señalando que la confrontación de ideas es parte esencial de la construcción institucional.
Desde el ámbito cívico también se plantearon exigencias de aclaración, especialmente en relación con la salida de la vocera presidencial. Se pidió precisar responsabilidades y explicar si el hecho respondió a un error individual o a problemas en los mecanismos de validación de la información.
Las tres renuncias ocurrieron en medio de alta exposición pública, con conflictos activos y presión constante desde distintos sectores. Cada una de las exautoridades dejó su cargo resaltando su compromiso con el país, mientras sus salidas siguen marcando el ritmo de una gestión que aún busca consolidar su estructura interna frente a escenarios complejos.