Organizaciones productivas advierten que el volumen adquirido por el Estado está por debajo de lo pactado para 2025. Denuncian riesgo económico para miles de familias del norte cruceño.

La dirigencia cañera confirmó que el sector se mantiene en estado de emergencia ante la posibilidad de que el Estado reduzca la compra de etanol comprometida para esta gestión. La preocupación no surge de especulaciones, sino de cifras concretas que muestran una diferencia significativa entre lo firmado y lo efectivamente retirado.
La Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro) informó oficialmente que el contrato vigente establece la provisión de 230 millones de litros de etanol para 2025. Hasta la fecha, según los reportes entregados por la propia organización y difundidos por medios nacionales, se retiraron 154 millones de litros. El dato representa el 66% del total acordado.
El presidente de Unagro, Beltrán Flores, hizo pública esa información y precisó que el saldo pendiente altera la planificación productiva diseñada para la zafra. La estructura agrícola del norte cruceño opera sobre compromisos firmes de compra. La producción no se detiene ni se ajusta con facilidad: requiere financiamiento previo, insumos, contratación de mano de obra y procesos industriales que no admiten improvisaciones.
Desde la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), su presidente Óscar Arnez ratificó que el convenio suscrito no contempla recortes en los volúmenes, sino incrementos progresivos. La organización confirmó reuniones con ejecutivos de YPFB y autoridades del área energética para revisar el cumplimiento del acuerdo.
El estado de alerta se intensificó luego de declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien mencionó la posibilidad de disminuir la proporción de etanol en la mezcla de gasolina. Las afirmaciones se dieron tras reportes públicos sobre fallas mecánicas atribuidas al combustible. Dirigentes técnicos del sector cañero rechazaron esa vinculación y recordaron que el programa de mezcla con etanol se implementa desde hace siete años sin que existan informes oficiales que establezcan responsabilidad directa del biocombustible en daños a motores.
Alrededor de 8.000 familias dependen de la actividad cañera en la región norte de Santa Cruz. Cada hectárea sembrada responde a contratos específicos y a cronogramas de entrega previamente establecidos. La reducción en la compra impacta de forma inmediata en la cadena productiva, desde el productor primario hasta la industria.