La estatal suspendió inspecciones, cerró procesos sin sanciones y comunicó mensajes incompatibles mientras conductores reparan vehículos dañados por gasolina certificada oficialmente, sin auditorías técnicas ni ejecución de garantías contractuales vigentes.

La suspensión del proceso de control de calidad de combustibles en YPFB consolidó una secuencia administrativa que priorizó salidas formales y dejó a los usuarios expuestos a pérdidas económicas directas. La decisión no estuvo acompañada de medidas técnicas frente a los daños reportados en vehículos, pese a que el servicio de inspección tenía ese objetivo específico.
La presidencia de YPFB, encabezada por Yussef Akly, explicó que el proceso de selección para el control de calidad no alcanzó la adjudicación y que se identificaron observaciones en las ofertas presentadas. Bajo esa línea, la estatal anuló el trámite y anunció su relanzamiento. La justificación pública se apoyó en normas internas y plazos administrativos, sin relación explícita con la gasolina que ya circulaba y generaba fallas mecánicas.
Los respaldos documentales muestran que la cancelación se sustentó en la aplicación del Decreto Supremo 5516, que ajustó procedimientos de contratación pública. Esa base legal permitió cerrar el proceso sin ejecutar sanciones ni activar mecanismos de resguardo, aun cuando el control de calidad era una pieza clave para proteger a la población y al propio Estado.
El antecedente central es el contrato por Bs 8.892.252 adjudicado a Camin Cargo Control Argentina S.A. Sucursal Bolivia, destinado a certificar cantidad y calidad de carburantes en 45 plantas de almacenamiento durante la gestión 2026. El acuerdo incluía una boleta de garantía equivalente al siete por ciento del monto contractual, prevista para cubrir incumplimientos o perjuicios. Ese instrumento no fue utilizado.
Durante la vigencia del servicio, propietarios de vehículos y talleres mecánicos reportaron daños en motores, inyectores y sistemas de alimentación. Las quejas se multiplicaron, pero no se emitieron alertas técnicas ni se dispusieron controles extraordinarios. La certificación de calidad se mantuvo y el combustible continuó siendo comercializado.
La resolución que dio por terminado el proceso de selección evitó pronunciarse sobre responsabilidades técnicas o administrativas. No se ordenaron auditorías independientes ni se iniciaron procesos sancionatorios. El documento se limitó a señalar la necesidad de ajustes en las especificaciones del servicio y a remarcar que no existían garantías ejecutables por no haberse concretado una nueva adjudicación.
La comunicación institucional profundizó la confusión. En un primer comunicado, YPFB afirmó que Camin Cargo Control Argentina certificó que la Gasolina Especial Plus cumplía con las especificaciones técnicas, tras muestreos realizados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Ese mensaje presentó la certificación como una respuesta directa a las inquietudes ciudadanas.
Posteriormente, otro comunicado negó la existencia de una contratación millonaria, aclarando que solo se trató de un proceso de invitación internacional publicado en diciembre de 2025 y que no fue adjudicado. Días después, un nuevo pronunciamiento admitió que el proceso fue terminado en febrero de 2026 por ajustes técnicos, reiterando que no se firmó contrato ni se constituyeron garantías en esa etapa.
En paralelo, YPFB informó que el contrato vigente con la empresa inspectora fue suscrito en la gestión anterior, bajo la presidencia de Armin Dorgathen, y que mantiene validez hasta su vencimiento. Ese mismo contrato corresponde a la firma que certificó el combustible cuestionado por los usuarios, lo que refuerza la inconsistencia entre los mensajes oficiales.