La estatal admite fallas de control, atribuye responsabilidades a su subsidiaria logística, reconoce daños vehiculares verificados y continúa despachos sin auditorías independientes públicas ni sanciones informadas a responsables internos identificados.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos presentó una cuarta explicación oficial sobre la distribución de combustible que provocó daños mecánicos en vehículos de distintos puntos del país. La nueva versión vuelve a colocar el foco en YPFB Logística, la subsidiaria encargada del control de calidad, almacenamiento y despacho, sin que exista hasta ahora un informe técnico público que libere a la empresa estatal de responsabilidad mientras la venta de carburantes sigue activa.
Las declaraciones fueron emitidas por autoridades del área de Hidrocarburos en entrevistas verificadas y comunicados institucionales. En ellas se reconoció que los controles internos no funcionaron como correspondía y que el producto llegó a los surtidores con deficiencias que impactaron directamente en sistemas de combustión. La estatal sostuvo que la cadena crítica del proceso recae en su unidad logística, instancia donde se concentra la investigación administrativa anunciada.
Según la versión oficial, el combustible importado cumplía con parámetros técnicos formales al momento de su recepción. Sin embargo, la infraestructura utilizada para el almacenaje contenía residuos acumulados que terminaron alterando la calidad final. Esta explicación se apoya en reportes internos que identificaron tanques con material contaminante. De acuerdo con el Gobierno, esas instalaciones ya fueron retiradas del sistema, aunque no se difundieron documentos técnicos completos que respalden públicamente esa medida.
La afectación fue inmediata y visible. En Santa Cruz y Beni, talleres mecánicos registraron un aumento inusual de ingresos por fallas vinculadas al sistema de combustible. Conductores de transporte urbano, interprovincial y trabajadores que dependen del vehículo para sostener sus ingresos relataron paralización de actividades, gastos no previstos y pérdida de jornadas laborales. Asociaciones del sector automotor confirmaron que los daños reportados son compatibles con combustible de mala calidad, coincidencia respaldada por los reclamos formales presentados en estaciones de servicio.
YPFB admitió que la detección del problema no fue oportuna. Durante los primeros días, los reportes se trataron como episodios aislados. La acumulación de denuncias obligó a ampliar las revisiones internas y a intervenir centros de almacenaje. Esa demora, reconocida por autoridades, permitió que el combustible continuara circulando y amplificó el impacto económico en la población afectada.
Otro elemento incorporado en la explicación estatal fue la estructura interna de la empresa. Con una planilla cercana a cinco mil funcionarios, YPFB reconoció la existencia de prácticas que no priorizaron respuestas técnicas rápidas ni controles estrictos. Esta admisión, registrada en declaraciones oficiales, refuerza la hipótesis de omisiones graves dentro de la cadena logística. Desde el Ejecutivo se informó que se analizan responsabilidades individuales, aunque hasta ahora no se comunicaron sanciones concretas ni procesos disciplinarios concluidos.
Pese a la magnitud del episodio, la comercialización de carburantes no se interrumpió. La estatal aseguró que el combustible actualmente distribuido es seguro y que las acciones correctivas adoptadas eliminan riesgos. Sin embargo, no se publicaron auditorías externas ni certificaciones independientes que respalden esa afirmación. La ausencia de estos respaldos mantiene la incertidumbre entre usuarios que ya asumieron costos directos por reparaciones.