Más de 2.000 vehículos dañados y controles cuestionados intensifican la crisis

La crisis por la gasolina defectuosa distribuida en Bolivia expuso fallas en los controles y decisiones tardías de YPFB. Lo que comenzó como reportes aislados de choferes terminó en una emergencia nacional con más de 2.000 vehículos afectados.

En un inicio, la estatal negó problemas de calidad. Luego admitió fallas técnicas y combustible heredado. Finalmente, el presidente Rodrigo Paz denunció sabotaje interno y mafias enquistadas en la empresa.

Los talleres mecánicos confirmaron residuos y daños en sistemas de inyección. La estatal reconoció concentraciones elevadas de goma y manganeso en tanques de Santa Cruz, Trinidad y Oruro, además de volúmenes residuales almacenados en Arica y la frontera con Argentina.

El contrato con Camin Cargo Control Argentina S.A., adjudicado por Bs 8,1 millones para supervisar 45 plantas, quedó bajo escrutinio al comprobarse que el combustible contaminado llegó a surtidores pese a los controles.

El Gobierno endureció su discurso. Paz anunció la desvinculación de más de 300 funcionarios y denunció movimientos administrativos irregulares para proteger privilegios. Varios implicados ya enfrentan detención preventiva.

Para mitigar el impacto, el Ministerio de Hidrocarburos activó un seguro solidario que cubrirá reparaciones de los vehículos afectados. Los talleres habilitados evaluarán cada caso.

En el plano político, el vicepresidente Edmand Lara anunció un pliego interpelatorio contra el ministro Mauricio Medinaceli, reactivando la fiscalización legislativa tras años de inactividad.