En apenas tres días, autoridades nacionales ofrecieron explicaciones contradictorias sobre la calidad del combustible, mientras transportistas de varias regiones denunciaron daños mecánicos, exigieron compensaciones económicas y protagonizaron protestas, bloqueos y movilizaciones.

La molestia crece en surtidores, talleres mecánicos y paradas de transporte público. Conductores de distintas ciudades del país coinciden en un mismo relato: fallas repentinas en sus motores tras cargar gasolina en estaciones autorizadas. Piezas dañadas, vehículos varados y gastos imprevistos se repiten como una escena cotidiana que golpea directamente el sustento de cientos de familias que viven del volante.
Frente a esa presión social, el Gobierno difundió cuatro explicaciones distintas en un lapso de tres días, generando desconcierto en el sector del transporte y en la población que depende a diario del combustible para trabajar.
La primera versión surgió mediante un comunicado de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La estatal aseguró que la gasolina distribuida cumplía con los parámetros exigidos y respaldó su afirmación con una certificación emitida por la firma internacional Camin Cargo Control. Según ese documento, muestras tomadas en varias ciudades se encontraban dentro de especificaciones técnicas. El mensaje oficial buscaba transmitir normalidad y descartar cualquier irregularidad en el producto comercializado.
Horas después apareció la segunda explicación, esta vez desde el Ministerio de la Presidencia. En una entrevista televisiva, el ministro José Luis Lupo reconoció que sí existió gasolina de mala calidad y atribuyó el problema a una falla en la mezcla del carburante. La declaración marcó un giro importante frente al comunicado previo, porque admitía un desperfecto que ya no podía reducirse a simples “inquietudes”.
Al día siguiente llegó la tercera versión. En conferencia de prensa conjunta, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, junto a ejecutivos de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sostuvo que el inconveniente estaba vinculado a residuos antiguos acumulados en tanques de almacenamiento. La explicación apuntó a una “contaminación heredada” de gestiones anteriores, que habría afectado nuevas partidas de combustible importado. Se mencionó la presencia de gomas y manganeso detectados tras análisis de laboratorio realizados durante dos semanas.
Más tarde, un comunicado institucional reforzó esa línea técnica. Se informó que ciertos volúmenes de gasolina residual fueron aislados y sometidos a procesos de estabilización para adecuarlos a la norma. También se anunció un refuerzo de controles en toda la cadena de suministro, desde plantas en el exterior hasta surtidores locales.
La cuarta explicación apareció con nuevas declaraciones del presidente de YPFB. La autoridad afirmó que se activó un “protocolo inmediato de saneamiento” al identificar focos de contaminación en algunos depósitos. Se habló de limpieza de tanques, incorporación de equipos adicionales y pruebas diarias de laboratorio para asegurar la calidad del combustible despachado. Al mismo tiempo, se insistió en que la red nacional de distribución no estuvo en riesgo.
Mientras los mensajes oficiales se sucedían, en las calles la reacción fue directa. Choferes de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Beni realizaron movilizaciones denunciando daños en motores, inyectores y sistemas de combustión. En varios puntos del país se exhibieron botellas con gasolina oscura y repuestos deteriorados como prueba de lo ocurrido. Dirigentes del transporte público y federaciones regionales exigieron compensaciones económicas por reparaciones que, según testimonios difundidos en medios locales, alcanzan miles de bolivianos por vehículo.
En Santa Cruz, mototaxistas y conductores de vehículos livianos protagonizaron bloqueos en rutas estratégicas. En Beni, representantes del sector reportaron decenas de unidades afectadas y advirtieron que mantendrán medidas de presión hasta obtener respuestas concretas. En La Paz, las protestas se concentraron en oficinas de la ANH, donde se reclamó una investigación transparente y resarcimiento por los perjuicios.
La ANH, por su parte, informó que realizó centenares de muestreos a escala nacional y que los resultados, según sus datos oficiales, se encuentran dentro de rangos permitidos para gasolina base. La entidad también anunció inspecciones a combustible importado y controles adicionales en coordinación con YPFB.