Autoridades judiciales, policiales y del Ejecutivo ofrecieron datos parciales sobre operativos y fechas, mientras persisten vacíos sobre pruebas, cadena de custodia y destino final del equipaje ingresado sin control oficial.

El caso de las 32 maletas que ingresaron al país sin revisión formal atraviesa una etapa marcada por demoras, trámites dispersos y una notoria reducción en la intensidad de las acciones iniciales. A medida que pasan los días, la información pública se vuelve más escasa y el contenido total del equipaje continúa sin una explicación oficial completa.
Registros del Ministerio Público y reportes policiales confirman que la investigación sigue abierta bajo la dirección de una comisión de fiscales. Sin embargo, hasta ahora no se logró ubicar todas las valijas ni reconstruir con precisión el recorrido que siguieron tras su llegada al aeropuerto de Viru Viru en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos a finales de noviembre de 2025.
Los primeros operativos incluyeron allanamientos en inmuebles vinculados a personas bajo investigación. Esas intervenciones permitieron el secuestro de evidencias que derivaron en la apertura formal de procesos penales. De acuerdo con informes fiscales incorporados al expediente, en una empresa de seguridad privada fueron hallados 79 kilos de marihuana y una máquina utilizada para el procesamiento de droga. Esa evidencia forma parte de pericias técnicas y actas de colección de indicios que respaldan las imputaciones en curso.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, declaró de manera pública que la Policía Boliviana ejecuta diligencias coordinadas con el Ministerio Público y que cualquier actuación necesaria se desarrolla conforme a procedimiento. Reconoció que no todo el equipaje ha sido recuperado y que las actuaciones continúan en fase investigativa, bajo reserva procesal en varios tramos.
La causa derivó en detenciones preventivas dispuestas por autoridades judiciales. Entre los procesados se encuentran el juez Hebert Zeballos, propietario de la empresa donde se encontraron las sustancias controladas, y la exdiputada Laura Rojas, señalada en actuados fiscales por su presunta vinculación con el traslado de las maletas. Las decisiones judiciales se apoyan en informes policiales, declaraciones y documentación recolectada durante los operativos.
De forma paralela, surgieron diferencias públicas sobre la cronología del conocimiento del caso por parte de las autoridades. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su despacho recibió información durante la primera semana de diciembre de 2025 y que se instruyeron tareas de verificación a unidades especializadas. Señaló que se optó por mantener reserva institucional para no interferir en el trabajo investigativo.
Esa versión no coincide con la expuesta por el fiscal general, quien sostuvo que el Ministerio Público registró formalmente el inicio de la investigación el 19 de enero de 2026, luego de verificar datos en el sistema interno. Ambas fechas constan en declaraciones oficiales y forman parte de los antecedentes administrativos revisados dentro del proceso.