La decisión judicial se basó en indicios recolectados por la Fiscalía antidroga durante un allanamiento, mientras la defensa del magistrado sostiene que no existen pruebas directas y anuncia apelaciones.
La justicia determinó la detención preventiva por 120 días del juez Hebert Zeballos, quien deberá permanecer recluido en el penal de Palmasola mientras avanza una investigación penal por presuntos delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas. La medida fue definida en audiencia cautelar tras la exposición de elementos recolectados por la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas, según reportes oficiales del Ministerio Público.
El caso se originó a partir de un operativo ejecutado el 20 de enero en instalaciones pertenecientes a la empresa de seguridad Ebose S.R.L., ubicadas en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz. En uno de los galpones inspeccionados, fiscales y policías hallaron aproximadamente 80 kilos de marihuana en presentaciones sólida y líquida, además de armas de fuego. Registros de propiedad y documentación incorporada al cuaderno de investigaciones vinculan ese inmueble con Zeballos, lo que derivó en su inclusión formal en el proceso.
Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó inicialmente seis meses de detención preventiva, argumentando la existencia de riesgos procesales y la necesidad de completar pericias técnicas y análisis documentales. Entre los elementos expuestos se mencionaron actas de allanamiento, informes preliminares de laboratorio y la cadena de custodia de los objetos secuestrados.
La defensa del juez, a cargo del abogado Diego Coímbra, sostuvo que la aprehensión se realizó sin fundamentos suficientes y que no hay pruebas directas que acrediten la participación de su cliente en los hechos investigados. Asimismo, anunció la presentación de recursos legales para cuestionar la decisión judicial.
Tras valorar los argumentos de ambas partes, la autoridad jurisdiccional concluyó que los indicios presentados por el Ministerio Público justifican la aplicación de la medida cautelar. La investigación continuará con nuevas diligencias y peritajes mientras se define la situación jurídica del magistrado.




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