Solo diez de 69 Estados invitados se suman a la iniciativa estadounidense; la mayoría cuestiona motivaciones, transparencia y posible concentración de poder en manos de Washington y aliados.

El Consejo de Paz, impulsado por Estados Unidos, busca supervisar Gaza y otros territorios en conflicto. Pese a la ceremonia oficial en la Casa Blanca y la firma de estatutos por Donald Trump, la aceptación internacional fue mínima: solo diez países confirmaron su participación, entre ellos Israel, Argentina, Egipto, Azerbaiyán, Kosovo, Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, Marruecos, Hungría y Canadá.

La negativa de la mayoría evidencia desconfianza global. Francia señaló que los estatutos exceden el mandato de Gaza y plantean riesgos frente a la ONU. Alemania enfatizó que ya existen mecanismos multilaterales que cumplen esas funciones. Reino Unido cuestionó la participación de Rusia y la inversión de recursos públicos. Noruega insistió en respetar compromisos internacionales y Ucrania rechazó la invitación por la presencia de Moscú y Bielorrusia.

El documento del consejo establece que su misión es “garantizar paz duradera y estabilidad en áreas de conflicto”, pero carece de límites claros sobre competencias y supervisión, lo que podría permitir intervenciones unilaterales. La concentración de poder en EE. UU. y aliados estratégicos genera preocupación sobre su verdadera independencia.

Rusia aceptó participar y comprometió mil millones de dólares en activos congelados. La participación de Moscú y Bielorrusia plantea serias dudas sobre imparcialidad y posibles fines políticos detrás del consejo.

Entre los países adherentes, la mayoría se comprometió de forma discreta. Israel y Egipto emitieron comunicados breves, Bielorrusia firmó los estatutos personalmente, mientras Hungría, Marruecos y Canadá confirmaron su adhesión mediante declaraciones formales. La baja representación evidencia un déficit de legitimidad que limita la capacidad del consejo para cumplir sus objetivos de manera efectiva.

Trump defendió la iniciativa afirmando que el consejo permitirá “hacer prácticamente todo lo que queramos”. Esto refuerza la percepción de autonomía excesiva y riesgo de intervenciones unilaterales.

Con solo diez países adherentes, el Consejo de Paz comienza con respaldo internacional limitado y cuestionamientos sobre fines, transparencia y legitimidad. La iniciativa refleja la contradicción de un país con altos niveles de violencia interna liderando un organismo internacional de paz, mientras la mayoría de la comunidad internacional permanece al margen.