La institución presentó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental por riesgos ambientales, mientras Hidrocarburos ratificó que las operaciones seguirán cumpliendo procedimientos legales y permisos vigentes.

La situación alrededor del proyecto Domo Oso X-3, en el Bloque San Telmo Norte, generó un nuevo episodio de tensión luego de que la Defensoría del Pueblo pidiera al Juzgado Agroambiental de Entre Ríos detener temporalmente las actividades de perforación exploratoria. La medida busca proteger el área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ante posibles efectos ambientales irreversibles.

Según el comunicado oficial de la Defensoría, la acción se fundamenta en observaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa ambiental, la correcta implementación del derecho a la consulta previa y los estándares internacionales exigidos para la emisión de licencias ambientales. La institución enfatizó que su rol se basa en garantizar el derecho de la población a un entorno saludable y en los compromisos asumidos por Bolivia con el Acuerdo de Escazú, que protege la participación ciudadana y la labor de defensores del medio ambiente. Además, anunció seguimiento permanente al proceso judicial que afecta a comunarios y a la situación ambiental y social en la región.

En el ámbito social y político, la conflictividad se mantiene elevada. Tras una audiencia pública organizada por la Brigada Parlamentaria del departamento sin llegar a acuerdos, el Comité Cívico Departamental convocó a una Asamblea de Instituciones para tratar exclusivamente la situación de Tariquía y definir una comisión técnica y legal. El presidente del comité, Jesús Gira, informó que esta instancia busca coordinar acciones institucionales frente al proyecto.

Durante la audiencia, el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, indicó que el proyecto cumplió con todos los requisitos legales y administrativos, incluyendo la consulta previa, y que el pozo DMO X-3 se encuentra a 1,5 kilómetros de la reserva. En contraste, el senador tarijeño Rolando Vacaflor expresó preocupación por impactos indirectos asociados al traslado de maquinaria, desmonte y generación de residuos, que podrían afectar el río Saicán y las cuencas de los ríos Tarija y Bermejo, y mencionó el rechazo mayoritario de la población local a la intervención petrolera.

El conflicto se intensificó el fin de semana, cuando comunarios denunciaron la llegada de maquinaria pesada de la empresa IST, subsidiaria de Petrobras, al municipio de Entre Ríos, lo que motivó vigilancia comunitaria y posibles movilizaciones. Asimismo, se cuestionó la demanda penal contra comunarios, considerada como un intento de criminalizar la defensa ambiental.

A pesar de estas observaciones, el Ministerio de Hidrocarburos confirmó la continuidad del proyecto. El viceministro de Exploración y Explotación, Caleb Montes, señaló que la inversión asciende a 40 millones de dólares y los ingresos proyectados podrían alcanzar 900 millones, además de las regalías para Tarija, reiterando que el pozo se encuentra fuera del área protegida.