Fiscalía de Entre Ríos admitió denuncia impulsada por asesor legal de Petrobras y YPFB, generando rechazo de Defensoría del Pueblo, abogados y organizaciones sociales que exigen respeto a derechos ambientales

La apertura de procesos penales contra 17 comunarios del cantón Chiquiacá, en Tarija, provocó un inmediato rechazo de sectores sociales, colectivos ambientales y defensores de derechos humanos. Las personas procesadas enfrentan acusaciones por presunta asociación delictuosa, atribuirse derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo, en el marco de la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

De acuerdo con información confirmada por la defensa legal, la investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, provincia O’Connor, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien se desempeña como asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A. y también actúa en representación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los 17 comunarios señalados ya cumplieron con la declaración informativa ante el Ministerio Público, primer acto procesal dentro de la etapa preliminar investigativa.

Ante la situación, un grupo de abogados de Tarija decidió asumir la defensa técnica gratuita de al menos seis de los procesados, debido a que la mayoría son personas de la tercera edad y no cuentan con recursos económicos. El jurista Rodrigo Castillo informó que el equipo legal se trasladó hasta Chiquiacá para recabar testimonios directos y conocer la realidad social de las familias afectadas.

Castillo señaló que resulta preocupante que ciudadanos que protegen un área natural protegida sean llevados a instancias judiciales. Asimismo, convocó a instituciones cívicas y organizaciones sociales a acompañar el proceso, destacando que la defensa de Tariquía se desarrolla desde el territorio y no únicamente desde espacios urbanos.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció. Su titular, Pedro Callisaya, expresó que el caso refleja un escenario preocupante de criminalización de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Recordó que la institución realiza seguimiento a este tipo de procesos desde gestiones anteriores y que incluso el tema fue expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Callisaya advirtió además sobre el ingreso de aproximadamente 40 efectivos policiales junto a personal de Petrobras el pasado 5 de enero, con el objetivo de instalar un campamento en la zona. Señaló que no se habría cumplido adecuadamente el proceso de consulta pública ni se socializaron de forma transparente los estudios de impacto ambiental, exigidos por la normativa vigente y por el Acuerdo de Escazú, tratado internacional del cual Bolivia es parte.

La activista Nelly Coca, integrante de la plataforma Defensores de Tariquía, afirmó que las comunidades buscan proteger el agua y el territorio donde viven. Indicó que la exploración petrolera podría afectar fuentes hídricas que abastecen a pobladores y fauna silvestre.