Comunidades, Defensoría del Pueblo y organizaciones cívicas denuncian ingreso policial de Petrobras, procesos penales a comunarios, ausencia de consulta previa y solicitan respeto derechos ambientales vigentes nacionales internacionales aplicables obligatorios.

El ingreso de Petrobras Bolivia a sectores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía para tareas vinculadas a exploración hidrocarburífera fue rechazado de manera pública por comunidades del territorio, instancias defensoriales y organizaciones cívicas del departamento de Tarija. El hecho se registró luego de operativos policiales que permitieron el acceso de personal y maquinaria hacia el área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3, ubicado en el cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos.

Según información proporcionada por comunarios, la presencia policial se desplegó durante dos días consecutivos en el sector de la Quebrada Las Vacas, lugar donde se mantiene una vigilia permanente desde el 8 de diciembre de 2025. La medida fue instalada por el Comité de Defensa de Tariquía como una acción pacífica para impedir actividades extractivas dentro de una reserva protegida que alberga comunidades campesinas y zonas de alto valor ambiental.

Las familias del área señalaron que el ingreso de la empresa se produjo pese al rechazo expresado de forma reiterada por las comunidades que habitan la reserva y sus alrededores. Indicaron que el sector donde se proyecta la exploración forma parte de áreas de recarga hídrica que abastecen de agua a poblaciones locales, actividades productivas y animales, lo que explica la oposición sostenida a cualquier intervención petrolera.

La defensora ambiental Nelly Coca informó que, tras los operativos, 17 comunarios fueron notificados con procesos penales por presuntos delitos como asociación delictuosa, impedir el ejercicio de funciones y otros vinculados a la protesta social. De acuerdo con su testimonio, durante la vigilia se registraron episodios de uso de la fuerza y hostigamiento, situación que fue puesta en conocimiento de instancias defensoriales y medios de comunicación. También señaló que abogados independientes ofrecieron asumir la defensa legal de los comunarios de manera gratuita.

La Defensoría del Pueblo confirmó que realiza seguimiento a los hechos y que se constituyó en el municipio de Entre Ríos para verificar la situación en el territorio. La delegada departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la presencia institucional responde a instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el objetivo de recabar información directa, evaluar la actuación policial conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y constatar el estado físico integral de las personas que participan en la vigilia.

Durante la verificación se constató la participación de mujeres y personas adultas mayores de origen campesino, así como la existencia de notificaciones formales a 17 comunarios con nuevos procesos penales. La Defensoría señaló que mantiene acompañamiento institucional permanente y seguimiento a la situación jurídica de defensoras y defensores de derechos humanos en temas ambientales vinculados a Tariquía.

La institución recordó que el Estado boliviano asumió compromisos internacionales mediante el Acuerdo de Escazú, que establece obligaciones para garantizar la consulta previa, libre e informada en asuntos ambientales, además de la protección de personas defensoras del medio ambiente.