El Ejecutivo venezolano reporta acciones militares en Caracas y tres estados, invoca normas de la ONU, decreta conmoción exterior, despliega defensa integral y anuncia denuncias formales ante organismos globales internacionales.

La República Bolivariana de Venezuela informó oficialmente que su territorio fue objeto de una agresión militar atribuida al Gobierno de Estados Unidos, con hechos reportados en zonas civiles y militares de la ciudad de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La comunicación fue difundida por las autoridades nacionales como un aviso institucional dirigido a la población y a la comunidad internacional, en el que se detalla el alcance de los eventos y las medidas adoptadas por el Estado.

De acuerdo con la información oficial, el Gobierno venezolano considera que las acciones denunciadas constituyen una violación directa de los principios fundamentales del derecho internacional público. En particular, se mencionan los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que establecen la igualdad soberana de los Estados, la obligación de resolver controversias por medios pacíficos y la prohibición del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier nación.

Las autoridades señalaron que las zonas afectadas incluyen áreas con presencia de población civil, así como instalaciones de carácter estratégico. Bajo esta premisa, el Ejecutivo advirtió que los hechos representan un riesgo inmediato para la vida de las personas y para la estabilidad institucional del país, además de generar preocupación por sus posibles efectos en la seguridad regional.

El Gobierno venezolano sostuvo que una acción militar de estas características no se limita a un conflicto bilateral, sino que compromete la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. En su pronunciamiento, se remarcó que el uso de la fuerza sin autorización de los mecanismos multilaterales previstos debilita el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial para evitar confrontaciones armadas entre Estados.

En cuanto a las motivaciones atribuidas a la agresión, el Ejecutivo afirmó que existen intereses vinculados al control de recursos estratégicos venezolanos, entre ellos hidrocarburos y minerales. Según la posición oficial, estas acciones buscarían incidir por la vía militar en decisiones soberanas del país. El Estado venezolano reiteró que rechaza cualquier forma de presión externa sobre su sistema político y su modelo de gobierno.

El comunicado recordó que Venezuela ha enfrentado históricamente episodios de intervención y coerción extranjera. Desde la perspectiva institucional, estos antecedentes forman parte del marco histórico que sustenta la actual doctrina de defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación de su pueblo, principios consagrados tanto en la Constitución como en el derecho internacional.

Ante los hechos denunciados, el Presidente Nicolás Maduro ordenó la activación inmediata de los planes de defensa nacional, en coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los organismos de seguridad del Estado. Según la información oficial, estas acciones tienen como objetivo principal la protección de la población civil, la defensa del territorio y la garantía del funcionamiento continuo de las instituciones republicanas.

El Ejecutivo informó además la aplicación de mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. En ese marco, se decretó el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, figura jurídica contemplada para situaciones de amenaza externa que comprometan la seguridad del Estado.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, esta medida permite coordinar de manera inmediata la actuación de los distintos poderes públicos y organismos del Estado, bajo control normativo y con énfasis en la protección de los derechos fundamentales de la población. El Gobierno subrayó que la declaratoria se ejecuta conforme al orden constitucional vigente.

De forma paralela, se ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios. Estas instancias, según el comunicado, tienen la responsabilidad de articular tareas de seguridad, logística y protección civil, en coordinación con gobernaciones y alcaldías.

En el plano internacional, Venezuela anunció la presentación de denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Secretario General de la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). El objetivo declarado es que los hechos sean evaluados por los organismos competentes y se actúe conforme a las normas del derecho internacional.

El Gobierno invocó igualmente el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho inherente de los Estados a la legítima defensa en caso de ataque armado. En ese contexto, indicó que Venezuela se reserva la facultad de adoptar las medidas necesarias para proteger a su población, su territorio y su independencia.