El retiro de la subvención a carburantes habilita un régimen de precios variables, previsto en decreto supremo, que redefine referencias, márgenes y relaciones operativas entre YPFB, productores y mercado interno.

La supresión de la subvención estatal a los carburantes marcó un giro en la administración del sector hidrocarburífero, al reactivar un sistema de formación de precios que Bolivia dejó de aplicar hace 28 años. La disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo 5503, difundido por el Órgano Ejecutivo como parte de un nuevo marco regulatorio.

El contenido de la norma fue explicado públicamente por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, durante una conferencia realizada en Santa Cruz. La autoridad precisó que el decreto incorpora anexos técnicos donde se fijan precios de referencia para los derivados del petróleo, así como los márgenes correspondientes a las distintas etapas de la cadena de comercialización.

De acuerdo con la información oficial, el decreto también introduce cambios en la relación operativa entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas productoras, estableciendo reglas para la provisión, comercialización y compensación de costos dentro del nuevo esquema de precios.

El Ministerio de Hidrocarburos señaló que el anterior sistema de precios congelados fue sostenido durante años mediante recursos fiscales. Sin embargo, la reducción de los ingresos por exportación de gas natural y el incremento de las importaciones de diésel modificaron ese escenario, generando presiones sobre el presupuesto destinado a la subvención.

En su exposición, Medinaceli recordó antecedentes históricos de políticas similares aplicadas en el país tras la crisis inflacionaria de los años ochenta, cuando los precios de los combustibles se ajustaban periódicamente. Posteriormente, a fines de los noventa, Bolivia adoptó un modelo vinculado a referencias internacionales, con variaciones recurrentes.