Las organizaciones campesinas e indígenas anunciaron medidas de presión a partir del 5 de enero, respaldando la COB y rechazando el Decreto Supremo 5503 por afectar derechos de poblaciones vulnerables.

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La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) anunciaron oficialmente que se sumarán a las protestas contra el Decreto Supremo 5503, promulgado por el presidente Rodrigo Paz Pereira el pasado 17 de diciembre. Los líderes indicaron que las acciones de protesta comenzarán el 5 de enero de 2026 y continuarán hasta que el decreto sea derogado.

Luciano Marca, dirigente de la CSUTCB, señaló que la participación campesina busca defender los derechos de los sectores más vulnerables. “Desde enero, el campo y la ciudad se movilizarán. No podemos permitir que un decreto afecte a los hermanos más humildes”, afirmó.

El Decreto Supremo 5503 no se limita a eliminar la subvención de combustibles. Según la Central Obrera Boliviana (COB), incluye artículos que contravienen la Constitución y vulneran intereses estratégicos del país. Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, explicó que el decreto disminuye las funciones de la Asamblea Legislativa, facilita la inversión extranjera en recursos naturales, como el litio, y autoriza un nivel elevado de endeudamiento público.

Desde Conamaq, Víctor Apaza, Jiliri Apu Mallku, indicó que tras un análisis de los 121 artículos, ninguna de las medidas favorece al sector indígena campesino originario. “El decreto nos obliga a salir y permanecer en las calles hasta que sea derogado”, afirmó luego de un consejo entre los distintos ayllus.

A pesar de las festividades de fin de año, diferentes sectores sociales iniciaron acciones de presión. El Magisterio Urbano y el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) instalaron huelgas de hambre para exigir la eliminación del decreto. Asimismo, los choferes asalariados anunciaron su respaldo a las movilizaciones de la COB y desconocieron el acuerdo firmado entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia el pasado domingo.

Algunos miembros del Ejecutivo sostienen que las medidas de presión podrían estar motivadas políticamente, señalando que ciertos sectores buscan mantener privilegios en lugar de enfrentar la situación económica. No obstante, los dirigentes campesinos e indígenas insisten en que su rechazo se centra en los efectos concretos del decreto sobre los grupos más vulnerables y en la falta de consideración de sus derechos fundamentales.