Mineros, magisterio y amas de casa sostienen ayunos indefinidos en rechazo al decreto que permite inversiones estratégicas sin control legislativo ni fiscalización parlamentaria.

Sectores sociales del país mantuvieron este martes sus piquetes de huelga de hambre en protesta contra el Decreto Supremo 5503, a una semana de la instalación de los primeros ayunos. La medida responde a la solicitud de derogación de la normativa que regula inversiones en recursos estratégicos y elimina la participación legislativa en decisiones financieras clave.

El Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (Conacmin) confirmó que sus integrantes continúan en ayuno total, y que no levantarán la medida hasta recibir una respuesta formal del Gobierno. La organización subraya que el objetivo de la protesta es la protección de intereses colectivos vinculados a la minería y a la gestión de recursos estratégicos.

Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), explicó que el DS 5503 otorga facultades al Ejecutivo para aprobar contratos e inversiones sin pasar por la Asamblea Legislativa, limitando la fiscalización parlamentaria. Argollo enfatizó que la huelga de hambre se ejecuta de manera pacífica, pero que busca visibilizar la preocupación de los sectores sociales sobre el manejo de recursos estratégicos y financieros.

El Magisterio Urbano anunció que también se sumará a los piquetes de ayuno, reforzando la movilización iniciada por los mineros y amas de casa. Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), indicó que la protesta continuará ininterrumpida durante feriados y bajo cualquier condición climática, consolidando la cobertura nacional de la medida de presión.

Durante la jornada, transportistas de La Paz se unieron a las movilizaciones, marchando desde la zona sur hacia el centro de la ciudad, generando congestión vehicular en calles principales. La participación de distintos sectores sociales evidencia la coordinación de las protestas y la consolidación de la demanda de derogación del decreto.

En contraste, los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Gabriel Espinoza y Oscar Justiniano, criticaron desde Santa Cruz la huelga de hambre, señalando que responde a intereses políticos y no a un rechazo técnico del DS 5503. Los funcionarios destacaron que la normativa forma parte del modelo económico vigente y que las medidas de presión buscan mantener procedimientos antiguos.

El Decreto Supremo 5503 autoriza la aprobación de inversiones estratégicas mediante decreto ejecutivo, reduciendo la participación de la Asamblea Legislativa en la supervisión de contratos y recursos. Según los dirigentes sindicales y sociales, esta modificación compromete la transparencia y limita la fiscalización de las inversiones en sectores clave como minería y litio.

Por el momento, las organizaciones sociales mantienen la exigencia de derogación total del DS 5503. La continuidad de la huelga dependerá de la respuesta del Gobierno en los próximos días, mientras los sectores protestantes sostienen sus piquetes a nivel nacional, manteniendo presencia constante y seguimiento detallado de la situación.