Mientras Chevron transporta petróleo legalmente, Venezuela denuncia ataques estadounidenses a dos buques privados, secuestrando tripulaciones y violando normas internacionales de navegación y soberanía marítima.

El buque Canopus Voyager, operado por la empresa estadounidense Chevron, partió este domingo desde puertos venezolanos con 500.000 barriles de crudo con destino a Texas, Estados Unidos. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, informó que la operación se realiza cumpliendo la legislación venezolana y los contratos vigentes, con apego a normas internacionales de seguridad y navegación marítima.

Rodríguez explicó que la salida de Chevron garantiza la continuidad de la producción y exportación de hidrocarburos, sector considerado estratégico para la economía nacional. Además, compartió un registro audiovisual que documenta la carga, el buque y el puerto de destino, confirmando que la operación se ajusta a la ley y los convenios internacionales.

Intervenciones ilegales contra otros buques

En contraste, el Gobierno venezolano denunció que otros dos buques privados con petróleo venezolano fueron interceptados en aguas internacionales por fuerzas estadounidenses, incluyendo el secuestro de sus tripulaciones. Caracas calificó estos hechos de piratería y violación directa del derecho internacional marítimo.

Según fuentes oficiales, estas acciones constituyen infracciones al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988, al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y a la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, entre otras normas aplicables.

Condena y respaldo de ALBA

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) emitió un comunicado condenando los ataques y el secuestro de tripulaciones. El bloque, integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía, calificó estas acciones como violación de la soberanía y agresión inadmisible al comercio internacional.

ALBA respaldó las acciones legales y diplomáticas emprendidas por Venezuela, solicitando la restitución de los buques y las tripulaciones secuestradas, y el cese inmediato de estas prácticas ilegales. El bloque advirtió que estas intervenciones generan un precedente peligroso para la región y la seguridad marítima internacional.

Diferenciación clara entre operación legal y ataques

El caso evidencia que el transporte de crudo por Chevron se realiza dentro del marco legal, mientras que los asaltos denunciados por Caracas implican intervenciones ilegales en aguas internacionales, afectando la seguridad de los barcos y la integridad de sus tripulaciones.

El Gobierno venezolano subrayó que estas diferencias muestran actividad comercial legal y protegida por contratos versus acciones militares extranjeras calificadas de piratería, según reportes oficiales y normas internacionales de navegación.