La Agencia Nacional de Hidrocarburos impulsa cambios internos mientras avanza una investigación fiscal por presuntas irregularidades en autorizaciones y desvío de combustibles que también alcanza a YPFB en cuatro departamentos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ejecuta un proceso de reordenamiento institucional que incluyó la sustitución de más de un centenar de funcionarios en diferentes áreas. La directora ejecutiva de la entidad, Margot Ayala, confirmó esta semana que los cambios se aplican como respuesta directa a denuncias que involucran a la institución en actos de corrupción relacionados con el desvío de combustibles.

Ayala informó que la decisión apunta a evitar que se repitan prácticas que habrían facilitado irregularidades en la distribución y comercialización de carburantes. Según su declaración, la revisión interna permitió detectar una red que operaría más allá de la propia ANH y que estaría relacionada con la otorgación de licencias y autorizaciones sin apego a los procedimientos vigentes.

“Ya hemos tomado recaudos y se cambiaron a más de 100 personas. Si no se asumen medidas, estas situaciones continuarán. Invitamos a otras instituciones a seguir el mismo camino”, señaló la autoridad. También indicó que existe documentación que respalda la existencia de movimientos irregulares en el otorgamiento de permisos para el transporte y entrega de combustibles en surtidores del país.

El proceso interno de reorganización coincide con una serie de intervenciones realizadas por el Ministerio Público a oficinas de la ANH y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La acción más reciente ocurrió el martes en dependencias de la ANH, como parte de una investigación abierta en febrero de este año por el presunto desvío de 14 cisternas de YPFB que habrían salido sin autorización legal hacia diversos surtidores.

La Dirección de la ANH aseguró que brindó toda la información requerida por la comisión de fiscales encargada del caso. Ayala explicó que ahora se revisan todas las autorizaciones emitidas durante el periodo observado, con el objetivo de identificar a los responsables de las decisiones que permitieron movimientos irregulares de carburantes.

En paralelo, la Fiscalía ejecutó allanamientos en instalaciones de YPFB ubicadas en cuatro departamentos. En La Paz, agentes intervinieron la planta de Senkata y se aprehendieron a varias personas. Acciones similares se realizaron en Santa Cruz, donde también se reportaron detenciones vinculadas al mismo caso.

En Cochabamba, la intervención alcanzó a oficinas de YPFB y YPFB Redes, dando como resultado la aprehensión de un funcionario acusado de cobrar de manera ilícita para beneficiar a una empresa en un proceso de adjudicación. En Oruro, la investigación se centra en un presunto sobreprecio detectado en la construcción de tanques de almacenamiento de combustibles.